El Ministerio del Interior recoge en un documento entregado en la Comisión del 11-M al diputado de CHA José Antonio Labordeta que algunas de las personas imputadas en Zaragoza por manifestarse en la sede del PP el 13 de marzo "eran conocidas por los servicios policiales".
En el informe se explica que, con el fin de mantener la seguridad ciudadana, "evitando posibles altercados y proteger a las personas y bienes, se enviaron a dicho lugar diversos efectivos policiales, que procedieron a la identificación de parte de los asistentes a dicha concentración".
Según el documento, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de Instrucción número uno de Zaragoza a raíz de una denuncia del PP, "por la Brigada Provincial de Información se instruyeron diligencias, relatando los hechos acaecidos y las personas identificadas, 31 en total, de las cuales a veinte se les había solicitado en el lugar su DNI, y el resto eran conocidas por los servicios policiales",
El secretario general de CHA, José Antonio Acero, considera que Interior "tiene que evitar cualquier sospecha sobre la posible existencia de registros de ciudadanos".
Por ello, reclama "clarificar" el proceso seguido, así como "pedir que la actuación de la policía se ajuste en todo momento a los principios democráticos, quedando claro que no hay ciudadanos o ciudadanas que sean objeto de atención especial de la Brigada de Información".
