La Policía Nacional procederá hoy a desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente por familias de etnia gitana en las calles Isla de Mallorca y Santa Fe, de La Jota. El juzgado de instrucción número nueve de Zaragoza ha ordenado la intervención después de que los ocupantes hayan presentado ya resistencia en ocasiones anteriores. En el caso de que las personas se nieguen a abandonar las viviendas, serán trasladadas a la comisaría.

Pese a tratarse de una noticia muy esperada en el barrio por los problemas de convivencia que se habían generado en el último año entre los vecinos de La Jota y los ocupantes de las viviendas, la Asociación de Promoción Gitana ha salido en defensa de las familias. A través de un comunicado, recordaron que los okupas de las calles Isla de Mallorca y Santa Fe no disponen de lugar al que acudir. "Estas familias no tienen vivienda ni posibilidad de alojarse en un sitio digno, por lo que quedan en una situación de desprotección absoluta. Máxime teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos, con una climatología tan adversa".

Denunciaron también desde el colectivo social, "que sólo se les haya concedido un plazo de 24 horas" para recoger sus enseres y buscar una alternativa. "Ni siquiera han recibido ninguna notificación judicial de desahucio", indicaron.

No obstante, según pudo saber este diario, la orden de desalojo estaba fijada para el 4 de noviembre, fecha en la que ya se advirtió a las familias, y si no se llevó a cabo fue por falta de efectivos policiales para garantizar que no se produjesen altercados durante la operación.

Según la información facilitada por fuentes oficiales, en las viviendas de La Jota viven en estos momentos unas 80 personas, la mitad de las cuales han llegado a lo largo del último mes después de que trascendiera la noticia del desalojo.

En la operación, se va a emplear un fuerte despliegue policial y un equipo técnico de menores del Gobierno de Aragón para hacerse cargo de los niños y garantizar que sean escolarizados. También está prevista la asistencia de la Asociación de Promoción Gitana, colectivo que ha denunciado la intervención.