Buena parte de la ciudadanía y sus compañeros se volcaron con la Unidad de Intervención Policial (UIP) en su regreso de los disturbios en Cataluña tras conocerse la sentencia del procès. Sin embargo detrás de ese apoyo también hay sombras, según un agente perteneciente a esta unidad en la Jefatura Superior de Policía de Aragón que acaba de ponerlas en conocimiento del Ministerio del Interior.

A través de un escrito al que ha tenido acceso este diario, el agente relata una serie de incidencias laborales durante la denonimada operación Ícaro. «Todo comenzó mal», afirma este agente.

Entraban en servicio oficialmente a las 13.30 horas, pero fueron comisionados a las 07.30 horas. A esta situación se añade que ese día, el 14 de noviembre del 2019, fueron llamados a trabajar sin haber respetado el día libre que les correspondía por haber trabajado durante la noche del día 12.

Desde su llegada a Lérida, según este escrito de denuncia, realizaron hasta 14 horas trabajadas al día con cuatro de descanso, salvo dos días que realizaron 8 horas. Así durante 13 días.

Los antidisturbios aragoneses recibieron una comisión de 300 euros como adelanto para alojamiento y manutención. Cuando el día 19 liquidaron su estancia en el hotel Rey Sancho Ramírez observaron que la tarifa era de 245 euros. Hecho que se lo comunicaron a los superiores porque consideraban que era insuficiente, pero estos les respondieron que «aldelantaran de su cuenta los gastos de alojamiento y manutención durante al menos tres días». Lo hicieron y no volvieron a recibir dinero hasta el día 22 de noviembre. Situación que volvió a repetirse los días 29 y 31, que tuvieron que adelantar dinero de su bolsillo.

El documento remitido a Interior, pero también a la propia Jefatura Superior de Policía de Aragón, el agente señala que el 26 de noviembre «se recortaron efectivos porque no desean pagar las horas de exceso por los servicios, primando la economía a la seguridad». Esta orden provocó, al parecer, que algunos servicios se realizaran con cuatro policías en vez de con siete. Ocurrió en Lérida en la noche del sábado en la que en Barcelona se registraron graves disturbios.

La escasez de personal no solo responde a esto, sino que «el grupo debería de tener 50 agentes cuando en realidad el trabajo lo estaban realizando 22 funcionarios, de los cuales uno es inspector, otro subinspector y un oficial. Estos supervisan pero no actúan en los puntos estáticos.