El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía en Aragón ha abierto una investigación contra destacados miembros del Arzobispado de Zaragoza, entre ellos su titular Vicente Jiménez, por el supuesto espionaje cometido con respecto a la exnotaria del tribunal eclesiástico. La curia zaragozana mantiene abiertos varios litigios contra esta mujer tras su presunta actuación en la sorpresiva salida del entonces arzobispo Manuel Ureña que destapó el pago de más de 60.000 euros (casi 100.000, según algunas fuentes) al diácono de Épila por su secularización, se apartó al párroco de este municipio y se inició una guerra de misivas a medios de comunicación e instituciones en los que se denunciaba la existencia de un lobi gay en la archidiócesis.
La investigación parte a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, Luis Fernando Ariste, tras admitir a trámite una denuncia interpuesta por la exnotaria María del Carmen Amador, en la que se señala, según fuentes consultadas por este diario, que el arzobispo encargó al ecónonomo diocesano Ernesto Meléndez a intervenir el disco duro del ordenador que utilizaba. Se habría realizado a través de un informático y con la supervisión del letrado Juan de Dios Meseguer y en presencia del notario José Manuel Martínez.
Un material que fue analizado y que, según la denunciante, no se limitó a aquello que podía ser objeto de disciplina laboral, como podría ser el correo corporativo o, incluso, las páginas de internet visitadas en horas de trabajo, sino que «se procedió al volcado de la copia de seguridad del teléfono móvil, incluyendo las conversaciones de Whatsapp con el entonces juez del tribunal diocesado, Roberto Ferrer; con el profesor del seminario Antonio Mas, y con determinados periodistas. Esta información habría sido utilizada por el Arzobispado de Zaragoza en una investigación canónica, que está en manos de la Signatura Apostólica, en contra de los dos sacerdotes y de la exnotaria, que es seglar.
VULNERACIÓN
Las pesquisas del Cuerpo Nacional de Policía, que podría citar a declarar a Vicente Jiménez, entre otros, giran en torno a si el hecho de introducir el iPhone en el ordenador para cargar la batería hizo que toda su memoria se copiara en el disco duro de su ordenador profesional. Un hecho que ha sido certificado, a través de un informe pericial particular, por el que fuera inspector jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Barcelona desde abril del 2003 hasta marzo del 2010, momento en el que pasó a la segunda actividad de forma voluntaria. En la denuncia se señala que las empresas pueden supervisar la actividad informática de sus trabajadores, si previamente les han advertido de la posibilidad de la monitorización. No obstante, recala que debe ceñirse «estrictamente a la actividad laboral y debe haber sido notificado previamente». Además, añade que «si se pretende hacer uso en un proceso penal debe solicitarse mediante autorización judicial». En definitiva, se asevera que «por mucho que la empresa esté legitimida para analizar un Pc, no lo está para leer conversaciones íntimas y de carácter ajeno a la relación laboral».
Desde el arzobispado declinaron realizar cualquier tipo de valoraciones a la espera de la deriva que tome esta investigación policial y judicial.
