Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía investigan, bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca, la actividad de un grupo de narcotraficantes que, entre julio del 2011 y agosto del 2013, importó hasta la capital altoaragonesa desde la República Dominicana varios alijos de cocaína.
El Tribunal Supremo resolvió recientemente a favor de ese juzgado la cuestión de competencia negativa que planteó tras recibir del número 52 de Madrid un oficio con un atestado en el que le informaba de esas pesquisas.
La oficina judicial madrileña abrió en abril del año pasado una causa tras detener la Policía en el aeropuerto de Barajas a una vecina de Huesca, B. C. B., que transportaba en una maleta un alijo de doce kilos de cocaína.
ALIJOS "Este no es el único transporte llevado a cabo por dicho grupo criminal", señala la Policía en el atestado que posteriormente remitió al juzgado madrileño con "una serie de datos e informaciones" aportados por la detenida "respecto a una posible organización dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes desde la República Dominicana a España", según indica el Tribunal Supremo en un auto.
Los investigadores sospechan que tanto la arrestada como su esposo "pudieran estar actuando de mulas" para esa red. De hecho, la mujer les explicó a los policías que aceptó transportar el alijo "para saldar una deuda que su marido había contraído" con un vecino de Huesca, cuando tras la detención se limitó "a manifestar de forma genérica que había sido extorsionada para la realización del citado viaje".
El titular del juzgado madrileño entiende que son los jueces oscenses quienes deben tramitar las diligencias sobre "estancias" en la República Dominicana "anteriores" y posteriores a la intervención del alijo y acerca de "las supuestas operaciones".
ATENUACIÓN Por otro lado, el Tribunal Supremo ha rebajado de once a ocho años de prisión, aunque manteniendo la multa de dos millones de euros que le impuso la Audiencia Provincial de Teruel, a un traficante de drogas al aceptar el recurso de su defensa y descartar que este formara parte de una organización dedicada a la importación de cocaína desde Iberoamérica para distribuirla en Aragón.
La Audiencia turolense condenó a nueve y siete años de prisión a otras dos personas --el Supremo absuelve a la primera de ellas-- por su relación con el alijo de algo más de diez kilos de cocaína --su pureza superaba el 70% y su valor pasaba de un millón de euros-- que la Guardia Civil interceptó el 19 de mayo del 2010 en el aeropuerto de Barajas.
