La Policía Nacional ha liberado a 16 jóvenes nigerianas obligadas a ejercer la prostitución en Zaragoza mediante rituales de vudú, y trata de localizar a otras ocho, ya identificadas, en una operación con la que se ha desmantelado una red internacional de trata de personas. Los arrestos se produjeron a comienzos de diciembre, y como publicó EL PERIÓDICO, los once detenidos fueron enviados a prisión provisional. Tras dos meses de continuación de las pesquisas, y aunque la operación aún no está completamente cerrada, la Policía presentó ayer los resultados en una rueda de prensa a la que acudieron desde Madrid el comisario jefe de la Brigada Central de Extranjería, José Ángel González, y el inspector jefe Pedro César Bernardo.

El Cuerpo remarcó así una operación de «muy alta importancia», que ha contado con la colaboración de Europol (Policía Europea) al tener la red ramificaciones en Italia o Dinamarca, además de en África. Fue tan importante como inusual, ya que los agentes han conseguido que nueve de las jóvenes testificaran, rompiendo el tabú del juramento de vudú-juju que las ataba.

MENORES

De hecho fue uno de estos testimonios, en mayo del año pasado, el que acabó por impulsar la investigación. Según explicaron ayer los responsables zaragozanos del operativo -los inspectores jefe Carlos Salicio y Miguel Abad, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF)- llevaban tres años intentando obtener pruebas de la actividad de la red, incluso tenían alguna denuncia ciudadana por la notable juventud de las prostitutas que ejercían en la plaza Roma y los alrededores. De hecho, tres de las rescatadas tenían 17 o 18 años recién cumplidos, según la prueba ósea.

Pero hasta que una de ellas se atrevió a denunciar, la operación no recibió el impulso del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, definitivo para destapar el cruel entramado. Las jóvenes, principalmente provenientes de Benín, en Nigeria, eran captadas en su país de origen con la promesa de una vida mejor en Europa. Allí las sometían a un juramento de vudú-juju (del que deriva, por su variante caribeña, la palabra yuyu), un ritual en el que se mezcla sangre de animal sacrificado con algo de la víctima, para maldecirla (con infertilidad o mala suerte para su familia) si denunciaba la situación o se volvía contra la organización.

Una vez captadas, eran trasladadas por tierra hasta Libia, donde las embarcaban en patera hasta Italia. En el país transalpino, otros miembros de la organización, conocidos como connection men (hombres de contacto) las sacaban de los campos de refugiados y las trasladaban a España, en este caso todas a Zaragoza. Durante todo el camino eran sometidas a agresiones, violaciones y amenazas, según la Policía.

Pero su calvario no terminaba aquí. Nada más llegar les retiraban la documentación, y las alojaban en pisos para ejercer la prostitución callejera en la zona de la plaza Roma, aunque también en Conde Aranda y Ramón y Cajal. No estaban exactamente recluidas, pero sí lo suficientemente amenazadas entre el ritual y las coacciones a su familia, como para trabajar de 23.00 a 6.00 horas, incluso, sin denunciar.

‘ASCENSO’ A MADAME

Su recaudación iba para las madames, que en estas organizaciones se conocen como mamis. Seis de los once detenidos son mujeres, estas proxenetas que, de hecho, empezaron como víctimas. Les exigían supuestas deudas por el viaje de entre 40.000 y 60.000 euros, y para pagarlas les daban todo su dinero, incluso prestaciones sociales que solicitaban por falta de ingresos oficiales. Cuando terminaban de pagar su deuda, algunas, como las arrestadas, se convertían a su vez en mamis.

Entre los cinco hombres detenidos no solo hay controladores y facilitadores, sino un sacerdote que, según la Policía, era clave en la trama. Los domingos, las jóvenes se reunían en un local de la calle Berenguer de Bardají de Delicias, donde se celebraba una ceremonia con misa y cánticos, que le daba «un carácter familiar a tan vergonzosa explotación». El pastor calmaba las inquietudes de las jóvenes y las convencía de no denunciar, además de, en ocasiones, recaudar algo de dinero o dar instrucciones.

La red obtenía pingües beneficios, según ha podido constatar la Policía. Han acreditado el movimiento, a través de compañías de envío de dinero, de 500.000 euros a Nigeria, y otros 200.000 euros en cuentas vinculadas a la organización. Sin contar lo transportado en persona por hombres de confianza.

Las jóvenes denunciantes se han acogido a un programa de protección, y solo una ha vuelto a Nigeria con su familia.