En la comunidad aragonesa se contabilizan desde el año 2010 un total de 155 personas desaparecidas, según las estadísticas manejadas por el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Desaparecidos. «Las hay de todas las edades, desde menores a ancianos, pasando por hombres y mujeres de mediana edad», explica José María Rudíez, delegado en Aragón de SOS Desaparecidos, una entidad sin ánimo de lucro que participa activamente en la búsqueda de los ausentes, asesora legalmente a sus familiares y les presta asistencia psicológica. «Si algo caracteriza las desapariciones, precisamente, es que no hay un perfil definido de quienes las protagonizan», añade.
Este lunes la asociación se lanzará a la calle para divulgar su existencia aprovechando la celebración del día nacional de las personas desaparecidas sin causa aparente, que es fruto de una iniciativa del Congreso de los Diputados hace diez años, los mismos que han pasado desde que se estableció un registro oficial para llevar control de las ausencias repentinas e inexplicables.
Geográficamente, los desaparecidos de ambos sexos se concentran en mayor número en las zonas más pobladas. Así, en la provincia de Zaragoza son 130 las personas que están apuntadas en los ficheros policiales, frente a las 14 de Huesca y 11 de Teruel.
34 VOLUNTARIOS
«A medida que va pasando el tiempo, si no hay resultados, la búsqueda activa va perdiendo fuerza, pero cada caso es objeto de una investigación particular en la medida en que se obtienen datos», señala Rudíez, que subraya que SOS Desaparecidos en Aragón cuenta con 34 voluntarios que siempre están atentos a la aparición de pistas y novedades que se puedan producir en los casos de seguimiento.
Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los cuerpos y fuerzas de seguridad que se dedican a la búsqueda de desaparecidos es determinar el tipo de desaparición al que se enfrentan. Algunas son involuntarias, como las de personas, generalmente muy mayores, que sufren de alzhéimer o demencia senil. Pero una mayoría se inscribe en las denominadas ausencias voluntarias, donde ocupan un espacio destacado los menores, sobre todo extranjeros y nacionales fugados de centros tutelados.
A LA FUERZA
Una parte muy minoritaria de las desapariciones son las forzosas o inducidas, que constituyen un delito de detención ilegal y que, con cierta frecuencia, revisten la forma de un secuestro por parte de uno de los progenitores de un menor. Según las cifras manejadas a nivel nacional, que sirven para reflejar asimismo las tendencias en Aragón, nueve de cada diez denuncias presentadas son por desapariciones voluntarias, mientras que un 7% responde a ausencias involuntarias y solo un 1% se consideran forzosas.
La presentación de la denuncia al haber sospechas de una desaparición da lugar al comienzo de las pesquisas policiales y a la búsqueda, que implica desde los cuerpos y fuerzas de seguridad a los bomberos, pasando por Protección Civil. Los familiares y amigos son los primeros en lanzarse a la búsqueda, en los momentos iniciales, pero en cuanto el rastreo moviliza a medios oficiales se adopta una sola dirección y todo se coordina desde un puesto de mando.
Todo nuevo caso denunciado da lugar a la apertura de ficha en el Centro Nacional de Desaparecidos, con los datos y la fotografía reciente del buscado, situación en la que se mantiene mientras se trata de un asunto vigente, es decir, sin resolver.
En estos momentos, en Zaragoza se busca a dos personas mayores, José Abadía, de 81 años, y Virgilio Giménez, de 75, señala Rudíez, que explica que el primero vive en el barrio de El Picarral y el segundo se extravió, al parecer, cuando regresaba a su casa desde el centro de la tercera edad al que iba con regularidad. José está ausente de su domicilio desde el 12 de febrero, y Virgilio, desde el 30 de noviembre.
En fechas recientes, el 31 de enero, recuerda el responsable de SOS Desaparecidos, se organizó una macrobatida en Zaragoza que permitió hallar a dos personas: Regina Cabeza, de 47 años, que apareció muerta junto a la Escuela de Ingenieros, y Narciso Ribote, de 87, que se encontraba vivo junto al Parque del Agua. Hacía varios días que no había noticias de ambos. Lo que demuestra, según Rudíez, la necesidad de actuar con la máxima rapidez.
LAS FAMILIAS SUFREN GRAVES DAÑOS PSICOLÓGICOS
Los familiares de las personas desaparecidas (5.529 en toda España, de las que la mitad son menores) sufren graves daños psicológicos como consecuencia de la prolongada ausencia, a veces definitiva, de sus seres queridos. Así concluye un estudio presentado esta misma semana en el Congreso de los Diputados y que ha sido realizado por los profesores universitarios Aida de Vicente Colomina y Pablo Santamaría Fernández.
Estos expertos señalan que en torno a un millón de personas ha pasado en el país por esta dura experiencia desde el año 2012 y que todas ellas se han visto afectadas por la incertidumbre, una gran preocupación y una cavilación continua sobre el hecho traumático. Estas situaciones desembocan en un plazo más o menos largo en problemas de ansiedad, estrés y depresión, estados de ánimo que a su vez interfieren en la vida cotidiana de estos familiares y amigos más próximos.
