La política aragonesa solo tiene ahora una preocupación: la salud. Todos los partidos están actuando con una responsabilidad ejemplar al hacer un frente común por superar esta crisis sanitaria. Los grupos de la oposición reflexionan en privado de que las cosas se podrían haber hecho mejor, y cuestionan muchas acciones del Gobierno central, pero ninguno quiere decirlo públicamente. Aseguran que tiempo habrá para depurar responsabilidades. Esa misma oposición destaca que son puntualmente informados por el gabinete de crisis del Gobierno de Aragón, al igual que los partidos que lo sustentan. Todos han cambiado su día a día por una red de contactos en la que la prioridad es atender las necesidades que les llegan de sus militantes y simpatizantes y cargos electos. Para todos, apoyar a los alcaldes y concejales es primordial.

Ejemplo de ello es Darío Villagrasa, secretario de organización del PSOE y alcalde de Bujaraloz. Los socialistas, como todos los partidos, han cerrado su sede y todo el trabajo es por videoconferencia. Villagrasa asume que la prioridad es «atender a nuestros 1.800 alcaldes y concejales y estar en permanente contactos con ellos, con las asociaciones, sectores estratégicos, los centros de salud locales...» La coordinación con las instituciones es absoluta y si de habitual el móvil de un político echa humo, estos días es común que tengan que cargarlo dos o tres veces al día.

Izquierda Unida asiste también con preocupación a la crisis. Y no solo a la sanitaria, sino a la laboral. Su coordinador general, Álvaro Sanz, destaca que está «en contacto permanente con los compañeros que están en el Gobierno central y también con los de los pueblos aragoneses». En Izquierda Unida han puesto a trabajar aún más a su asesoría jurídica laboralista y ha creado un equipo específico que todos los días analiza la evolución del coronavirus y su impacto en el tejido productivo aragonés. A su vez, toda iniciativa política de momento está relacionada con el coronavirus y en especial con los colectivos más vulnerables.

También la sede del PP lleva cerrada una semana y sus dirigentes trabajando en casa. Su presidente, Luis María Beamonte, recibe información frecuente por parte del presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán. El presidente de este partido en Zaragoza, Javier Campoy, está en contacto con los alcaldes de su partido y atiende a diario cientos de mensajes de muchos militantes. «Estamos muy preocupados y creemos que muchas cosas se podían haber hecho de otra manera, pero ahora mismo hay que remar todos juntos en la misma dirección y en eso estamos. Ya habrá tiempo para lo demás», señala Campoy.

Ramiro Domínguez, secretario de organización en funciones de Ciudadanos permanece confinado en su vivienda alquilada de Zaragoza, lejos de su familia en Teruel, precisamente para evitarles cualquier riesgo de contagio. Como miembro de la Mesa de las Cortes, forma parte del comité de crisis del Parlamento (que ha cerrado sus puertas) junto a Javier Sada e Itxaso Cabrera. «Solo he salido un día, a las Cortes, para asegurarme de que todo estaba bien y hablar con el personal de seguridad». Ciudadanos ha suspendido todos sus procesos orgánicos de renovación y mantiene un canal abierto la dirección con la militancia. El congreso, aplazado sin fecha. «Ahora es secundario. Si se hace en un fin de semana, el primer día las enmiendas se pueden debatir telemáticamente, pero el segundo es presencial, y ahora estamos muy lejos de pensar en eso», señala Domínguez. También está inmerso en un proceso congresual y en una crisis interna Podemos, que a causa del coronavirus ha decidido evitar su presencia mediática, razón por la cual no ha podido ser consultada para este reportaje.

También CHA ha suspendido la votación para elegir a su responsable en la ciudad de Zaragoza. Su presidente, Joaquín Palacín, mantiene una reunión diaria a las once de la mañana con su equipo en las Cortes, y está en permanente contacto con sus dirigentes de los respectivos ligallos y trata de atender las necesidades que se presentan y que encauzan los ediles del territorio.

Lo mismo ocurre en el PAR, que ha reducido su trabajo interno a mínimos. Su presidente, Arturo Aliaga, vive unos días «de máxima preocupación» y en su calidad de consejero de Industria en el Gobierno de Aragón, además de sus responsabilidades orgánicas ha incrementado su agenda para estar en contacto con agentes económicos y empresariales. «Esto es un desastre y echamos toda la carne en el asado en lo que ahora es importante», indica.