El consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, considera "decepcionante" el borrador que se ha filtrado sobre la propuesta de Reglamento sobre la nueva PAC en el que trabaja la Comisión Europea y advierte que la ausencia de cambios de calado "nos sitúa de nuevo ante el riesgo de una Reforma tan inútil como la anterior".

Olona valora que se introduzca la consideración del peso de la actividad agraria en relación con la actividad total del beneficiario en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón, si bien considera que el concepto de "agricultor genuino" es "lo suficiente ambiguo para que, a los efectos prácticos, resulte tan inútil o más como la de agricultor activo", según informa el Ejecutivo autonómico.

Para el consejero, la libertad que se da a los Estados miembros para mantener o eliminar los sistemas de derechos de pago básico, lo que "permite mantener la asignación de derechos y de sus importes en base a derechos históricos", "impide la necesaria redistribución de la ayuda en favor de los más jóvenes y profesionales, así como de quienes más dependen de la actividad agraria o se sitúan en zonas con menor potencial productivo".

Respecto al mantenimiento de las ayudas directas desacopladas basadas en el pago por "hectáreas admisibles"l, el consejero cree que podrían ser más coherentes con las políticas agrarias autonómicas mediante los apoyos a los ingresos Básicos para la Sostenibilidad (BISS), Redistributivos Complementarios para la Sostenibilidad (CRISS) y Complementarios para Jóvenes Agricultores (CIS-YF) o el Esquema Voluntario para el clima y el medio ambiente (Echo-scheme).

En el caso de las ayudas acopladas, que también mantienen prácticamente la misma estructura actual, Olona señala que la posibilidad de financiar el pago a los "pequeños agricultores" con fondos propios abre la puerta a la cofinanciación nacional de los pagos directos manteniendo, además, las complicaciones administrativas actualmente existentes.

Aunque establece un límite máximo absoluto de ayuda (capping) teniendo en cuenta la remuneración del trabajo aplicado en la explotación, da la posibilidad de limitarlo individualmente lo que, según Olona, -con independencia del riesgo de fraccionamiento de explotaciones- puede llevar a que, al igual que ha ocurrido con la figura de agricultor activo, no tenga efectos prácticos o sean muy limitados.

Por otro lado, considera que la cifra establecida para el límite máximo absoluto (60.000 euros) "resulta un tanto arbitraria" y "no garantiza una compensación de rentas justa ni eficaz".

Respecto a la condicionalidad, que incrementa sus ámbitos de control, el consejero aragonés advierte "no sólo impedirá la prometida simplificación, sino que introducirá más complejidad administrativa y más dificultades burocráticas, sobre todo para los beneficiarios y las Comunidades Autónomas".

Lamenta que los agricultores que se dediquen a frutas y hortalizas, vino, aceite, apicultura porcino, avicultura o cunicultura, seguirán excluidos de los pagos directos con independencia de sus dificultades de renta.

Si bien, el capping así como del umbral mínimo establecido para la superficie elegible favorecería a la agricultura familiar, Olona subraya que "no se introducen los cambios necesarios para el apoyo que necesita ante las graves amenazas que afronta en el actual contexto de población agraria muy envejecida, falta de relevo generacional".

Aunque ve positivo que se considere como objetivo el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, incide en que el borrador "no contempla nuevos mecanismos para lograrlo sin que se aprecien novedades destacables en materia de desarrollo rural".

Resalta asimismo por su potencial en relación con la política agraria nacional, que el borrador incluya como medida contra la volatilidad de la renta de las explotaciones, eximir de la consideración de Ayuda de Estado el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre una base plurianual.

Ante el carácter "poco reformador" del borrador, Olona aboga por "promover los cambios de calado que la Comisión Europea, según parece no contempla, porque son los agricultores, y no tanto la agricultura en sí misma, quienes están gravemente amenazados y, con ello, nuestro mundo rural tal y como lo conocemos".