La posible privatización chocó pronto con la repulsa de los profesionales. Incluso los jefes de servicio de los laboratorios enviaron un escrito a la consejería en la que mostraba su rechazo a la unificación y la posibilidad de que provocara una reducción de personal --se estima que unas 600 personas podría dedicarse a ello en Aragón--. Las manifestaciones de protesta han sido constantes.