En las Cortes de Aragón se respira un ambiente marcadamente preelectoral, más si cabe de lo que lo ha estado desde que se inició la legislatura. A seis meses de los comicios autonómicos, la tensión política volvió a mascarse ayer en la Comisión Especial de Estudio sobre la aplicación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que abrió la sesión con un rifirrafe entre parlamentarios de ambos lados del tablero. Todo a cuenta de la posible inutilidad de este grupo de estudio ante el previsible acuerdo al que van a llegar el PSOE y Podemos para reformar este polémico impuesto medioambiental, que podría verse ahora rebajado.

En un turno de palabra fuera del orden del día, que estaba centrado en la que comparecieron los consejeros de Desarrollo Rural y de Hacienda, Joaquín Olona y Fernando Gimeno, Ramón Celma (PP), Elena Allué (PAR) y Javier Martínez (Ciudadanos) expresaron su malestar por la negociación paralela y «secreta» entre los socialistas y la formación morada y pusieron en cuestión la continuidad de la comisión si llega el citado pacto, que está al caer. Así lo confirmó el lider de Podemos Aragón, Nacho Escartín, en una entrevista en Radio Zaragoza, en la que reclamó asimismo que se suspendiera su aplicación hasta que se cerrase el entendimiento.

SUÁREZ SE VA

Isabel García (PSOE) y Patricia Luquin (IU) lamentaron la pataleta y reclamaron que no se entorpeciera la sesión. Pero los grupos de la oposición insistieron en debatir sobre el formato y la idoneidad de este grupo de estudio. Finalmente, la presidenta del mismo, Marta de Santos, zanjó la discusión tras instar a sus señorías a expresar posteriormente en el capítulo de ruegos y preguntas, a fin de que pudiera dar inicio la comparecencia de Olona. Esto indignó sobremanera al diputado popular Antonio Suárez, que pedía intervenir y decidió abandonar la sala ante la negativa recibida.

No sería la primera vez en esta legislatura que se suspende nlos trabajos de una comisión especial del Parlamento. Ya ocurrió el pasado mes de abril con la creada para analizar la modificación del impuesto de Sucesiones, que saltó por los aires, esta vez por el acuerdo cerrado entre PSOE y Ciudadanos, al que siguió un pacto posterior con el PP.

La comparecencia de Olona y Gimeno no aportó nuevas claves sobre la reforma en ciernes del ICA. El primero hizo una férrea defensa del tributo y de su aplicación en la ciudad de Zaragoza, al tiempo que pidió desterrar los «equívocos» sobre este impuesto que algunos agentes han utilizado, lamentó, para «promover la insumisión fiscal, algo inédito en la comunidad». «Lo que está en juego es el buen estado ecológico de nuestros ríos», afirmó.

Gimeno, por su parte, detalló que este año la recaudación del ICA «se quedará algo por debajo» de la cifra que debería alcanzarse por el número de contribuyentes que hay. Cabe recordar al respecto que 89.900 zaragozanos se han negado a pagarlo.