Francisco Cabezas es el autor material del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Pero también es el responsable de los llamados pozos de sequía, unas figuras acuñadas en la cuenca del Segura que, en opinión de la Fundación Nueva Cultura del Agua, son una prueba más de la irregular gestión hidráulica en España. La entidad ha elaborado un informe en el que revisa cada zona hidrográfica del país y que recopila las denuncias por regadíos ilegales y uso irregular del agua para campos de golf en la del Segura.

El pasado viernes se presentó en Madrid el documento Aguas limpias, manos limpias. Corrupción e irregularidades en la gestión del agua en España . Elaborado por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), auspiciado por el exfiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y apoyado por PSOE, CHA e IU, el informe recopila algo más de 30 casos de mala gestión hidráulica en España, que son sólo el anticipo de lo que llegará después: la sistematización de cerca de 200 ejemplos sobre la materia.

En la cuenca del Ebro, llama especialmente la atención la recopilación de situaciones irregulares en el Segura, donde --según el PHN-- existe un déficit estructural de agua que exige un macrotrasvase anual del Ebro. Pero los autores del informe sostienen que en realidad hay un déficit de gestión y de vigilancia y que la cesión sólo premiaría comportamientos ilegales.

Así, el trabajo recoge ejemplos de uso ilegal de agua para campos de golf en Murcia. Y señala que Juan José Parrilla, expresidente de la Confederación del Segura, autorizó un pozo a una inmobiliaria para uso exclusivo del campo de golf de una urbanización de Molina de Segura.

También incluye casos de regadíos ilegales, como el ya conocido de la finca de El Chopillo, investigado por un juzgado de Madrid. E indica que hay regadíos ilegales en espacios protegidos. "En los últimos tres años se han roturado alrededor de 300 hectáreas para regadío, en el parque regional de Carrascoy-El Valle, aterrando ramblas y cauces públicos", señala el texto. Y continúa: "Además, se han construido pozos ilegales y embalses de riego, sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental".

Y la figura de los pozos de sequía puesta en marcha por Francisco Cabezas supone perforaciones "incluso en los lugares en que se afecta al acuífero que alimenta los caudales naturales del Segura". Algunos de ellos "sirvieron para regar campos de golf, como el de Alto Real". Estas infraestructuras hidráulicas carecen "de todo tipo de amparo legal" y justificaron, según el informe, los usos abusivos en vez de combatirlos.

Construcciones en zonas inundables de ramblas, con nombres y apellidos, como la rambla de Valdelentisco, y los expedientes por la contaminación del río Segura complementan este apartado.

Pero no es el único. La gestión en la cuenca del Ebro se ve cuestionada por casos como los los embalses de Santaliestra, Biscarrués o Yesa, que están en los tribunales. O por los vertidos de DDT que hubo en el Cinca. O por la proliferación de centrales hidroeléctricas en espacios protegidos, como la solicitud "de la empresa Teyserc en los términos de valle de Sedano y Los Altos (Burgos) para derivar 30 metros cúbicos por segundo".

En el Júcar destaca la vinculación que el documento hace entre Benigno Blanco, exsecretario de Estado de Aguas y actual número dos de Fomento, e Iberdrola, de cuyos servicios jurídicos fue jefe, en los estudios técnicos del trasvase Júcar-Vinalopó, que realizó una filial de la citada empresa. Y afirma que dicha cesión beneficia en realidad un crecimiento urbanístico insostenible en la zona de Alicante.

Aparecen igualmente ejemplos en la cuenca del Norte, donde el Gobierno de Navarra ha compensado a hidroeléctricas por garantizar caudales ecológicos que son "obligatorios", algo que ha sucedido en el Bidasoa. O en la cuenca de Galicia-costa, donde un estudio de impacto de un embalse apareció con topónimos de otra región.

En definitiva, numerosos ejemplos que demuestran que la gestión del agua en España no es buena, sino francamente mejorable. Y con los que se argumenta que plantear un macrotrasvase del Ebro en estas condiciones sería tanto como premiar la ilegalidad. Pedro Arrojo, presidente de la FNCA, ironizó al comparar el supuesto déficit de agua del Segura con lo que sucedería en las entidades bancarias. "Sería, dijo, como si ante un déficit de dinero en los bancos debido a un aluvión de atracos, en lugar de perseguir a los atracadores se siguiera inyectando dinero para que de nuevo lo robaran".