El Partido Popular acusó ayer al Gobierno de Aragón de «ocultar» información sobre la demanda por desobediencia que interpuso el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena contra los exconsejeros catalanes Santi Vila y Lluis Puig. El diputado Antonio Torres explicó que el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, «negó que existiera resolución alguna para justificar la personación» en el procedimiento. Lo hizo, según Torres, a través de una respuesta escrita a la solicitud de información registrada por el diputado del PP en las Cortes de Aragón.
«El Gobierno de Aragón se personó y después se retiró en la demanda contra Vila y Puig. Es imposible pensar que esa decisión tan relevante la tomaran los servicios jurídicos sin contar con el visto bueno de Guillén, Pérez y del propio Lambán», dijo Torres.
«Aquí ha habido una orden política evidente y una rectificación evidente. Y ni se ha dicho ni se quiere decir quién ha dado esa orden y quien ha ordenado retirarla. Es un ejercicio de ocultación que no tiene nada que ver con la transparencia que predica el Gobierno de Aragón», criticó Torres.
La ley aragonesa, según recordaron desde el PP, establece que este tipo de acciones judiciales o la interposición de demandas en nombre de la Administración de Aragón «deben estar debidamente justificadas y, además, autorizadas por la Diputación General», añadieron.
En su conclusión, el diputado del PP reiteró que el Gobierno de Aragón, por escrito, «no dijo la verdad». «Desvió la atención y después en su respuesta escrita y en la interpelación de la señora Pérez engañó a los aragoneses a través del parlamento. No dijo la verdad en ningún escenario y ha intentado engañar a los aragoneses», reiteró.
El diputado popular reclamó al consejero Guillén que aporte «toda la documentación, incluidos los correos electrónicos que se intercambiaron esos días entre los servicios jurídicos y los miembros del Gobierno de Aragón» sobre la demanda.
Torres ha presentado una moción, que debatirá hoy en la Comisión de Cultura, en la que el PP propone que el Ejecutivo regional se persone, «al menos en condición de perjudicado» en las diligencias de esta causa.
