La gestión del agua sigue enfrentando a la clase política aragonesa. En esta ocasión ha sido el PP el que ha cargado las tintas contra las últimas decisiones de la DGA en materia hídrica. El diputado Ramón Celma acusó al consejero del ramo, Joaquín Olona, de «enfrentar a los regantes».

El popular exigió que el Ejecutivo definiera su postura ante la construcción de embalses y la creación de nuevos regadío. Y lo hizo a raíz del enfrentamiento entre la DGA y Riegos del Altoaragón por el bloqueo del proyecto Monegros II que contempla la ampliación de las zonas regables. «Debería defender los intereses generales de los regantes», indicó.

Olona se defendió con argumentos jurídicos para invalidar la posición de la comunidad. «El Gobierno no tiene que hacer lo que diga Riegos, tenemos que hacer todo lo necesario para que las obras sigan adelante», expresó.

Más allá de la cuestión concreta que implica a las dos administraciones, Celma arremetió también contra los «socios del Ejecutivo», en referencia a CHA y Podemos. Los dos partidos se han mostrado en contra de los grandes pantanos de regulación hidráulica. «Usted es un cobarde que no se enfrenta a unos compañeros de Gobierno completamente contrarios a las obras para el riego», aseguró.

Además, consideró que esta situación ya está teniendo «consecuencias negativas» para los aragoneses. «No hay ninguna obra de regulación que salga adelante sin una apuesta decidida del Gobierno autonómico, y desde el 2015 las principales obras de la comunidad no están recibiendo el apoyo decidido del Gobierno de Aragón». También expresó que tres de cada cuatro empleos que se generan «están vinculados con el recurso del agua».

«Garantía de futuro»

La diputada de Podemos, Marta de Santos, se puso de lado de la DGA a la hora de frenar las pretensiones de Riegos del Altoaragón. «El conflicto está en que una cúpula vetusta y aquilosada ha perdido el poder del que gozaban antes», aseguró. También mostró su apoyo al desarrollo de Monegros II, algo en lo que coincidió con el resto de grupos.

La diputada del PAR, Lucía Guillén, defendió los regadíos como «una garantía de futuro» y reclamó la puesta en marcha de «nuevas obras de regulación». En la misma línea se mostró Ramiro Domínguez, de Ciudadanos. «Las inversiones son muy necesarias y nos estamos jugando el futuro de toda una zona», indicó. Desde el grupo mixto, Patricia Luquin (IU) también señaló que la comunidad de riegos le está «echando un pulso a la DGA».