El portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Jorge Azcón, ha acusado al Gobierno de Zaragoza en Común de utilizar la asesoría jurídica como un instrumento ideológico para la propaganda política" por su decisión de judicializar las reclamaciones del patrimonio inmatriculado por la Iglesia.

Así lo ha señalado Azcón en una rueda de prensa para valorar la decisión del Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 5 de anular el acuerdo del Gobierno de Zaragoza sobre la judicialización de la propiedad de las iglesias de La Seo y La Magdalena.

Un auto, a juicio del edil popular, "durísimo" y que debería hacer reflexionar al órgano jurídico municipal "sobre el papel que está desempeñando actualmente", según informan fuentes del PP en un comunicado que recoge la comparecencia del edil.

Para Azcón, la decisión judicial es "la crónica de un ridículo anunciado en el que se pusieron de acuerdo ZeC, PSOE y Chunta Aragonesista" y con el que el alcalde, Pedro Santisteve, "suma un nuevo récord en cuanto a la paralización de sus proyectos en los tribunales".

El portavoz popular ha pedido al alcalde que "si él no tiene sentido del ridículo, los zaragozanos sí tenemos vergüenza de ser noticia nacional por las metidas de pata de ZeC".

Jorge Azcón ha aprovechado para recordar el listado de "reveses" judiciales y jurídicos recibidos por el Ayuntamiento de Zaragoza en los dos últimos años como la ampliación del servicio BIZI, la "operación baldosa", las inmatriculaciones, el cambio del nombre del Pabellón Príncipe Felipe, el pacto convenio, la sociedad Ecociudad, el campo de fútbol de la Almozara, la municipalización del 010 o el derribo de la antigua fundición Averly.

Sentencias que, ha advertido, "tienen consecuencias" por la incertidumbre generada a las trabajadoras del 010, la no ampliación del servicio de bicicletas o el retraso de las intervenciones en aceras de la ciudad.

Por último, ha cuestionado que "si lo que ZeC pretendía era abrir un debate, ese debate se ha cerrado con un fracaso estrepitoso y con un auto judicial que ha puesto al Gobierno de Zaragoza en su sitio".