Todos los grupos de las Cortes respaldarán el próximo jueves, en un pleno extraordinario, la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Evaluación Ambiental aprobada por el Gobierno central el pasado mes de diciembre. La sesión debatirá el informe de los servicios jurídicos de la Cámara en el que se señala que las disposiciones finales cuarta y quinta incurren en un "vicio de inconstitucionalidad" y abren la puerta a trasvases al margen del Plan Hidrológico Nacional. El PP apoyará la iniciativa contra la norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los argumentos esgrimidos por los servicios jurídicos del Parlamento son tan contundentes que el PP no podía hacer otra cosa que apoyar la interposición del recurso. Pero no porque entienda que la Ley de Evaluación Ambiental abra la puerta a los trasvases. Su respaldo se sustenta en que entienden que la norma puede quebrantar el ordenamiento jurídico de Aragón. Es decir, que no respeta el Estatuto. Los populares salvan así la contradicción en la que incurrirían al respaldar la medida que se aprobará el jueves, puesto que el consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, y la propia presidenta, Luisa Fernanda Rudi, han reiterado en los últimos meses que la norma no suponía amenaza alguna para los intereses hídricos de la comunidad.
MANIOBRA DIALÉCTICA
El portavoz del PP, Antonio Torres, insistió, tal como hicieran en su día Rudi y Lobón, en que las disposiciones finales cuarta y quinta no suponen una amenaza para Aragón porque hacen referencia --sin nombrarlo-- al trasvase Tajo--Segura. Sí que están de acuerdo, en cambio, en que la ley, al no requerir los informes preceptivos de la comunidad, para autorizar el trasvase Tajo--Segura incurre en un ataque a lo que establece el Estatuto. Es decir, que los populares se creen los argumentos de los servicios jurídicos de las Cortes solo a medias y con "matices" como admitió Torres.
No ocurre lo mismo con el resto de grupos del arco parlamentario. El portavoz del PAR, --socio del PP en el Gobierno-- Alfredo Boné, fue muy contundente contra la Ley de Evaluación Ambiental. Como ya lo había sido en otras ocasiones. En su opinión, es necesario "dejar sin efecto" las dos disposiciones porque son trasvasistas. Una apreciación en la que no coinciden con sus aliados en la Cámara y en el Pignatelli.
CRÍTICAS A CAÑETE
El diputado aragonesista aprovechó su presencia ante los medios para mostrar su discrepancia con las declaraciones del ministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cañete y con algunos líderes del PP, como María Dolores de Cospedal, que respaldan los trasvases de forma velada en el primer caso y con claridad en el segundo.
El socialista Javier Sada subrayó que el informe de los servicios jurídicos reafirma lo que ya habían dicho todos los grupos en las Cortes. "La Ley de Evaluación Ambiental es trasvasista, aunque lo negaran Modesto Lobón y Luisa Fernanda Rudi", dijo. El dictamen, señaló, es "contundente": va contra el Estatuto y abre la puerta a que se lleve agua a Levante.
José Luis Soro (CHA) se felicitó por que el dictamen avale las tesis de su grupo, que fue el que pidió el informe. "Va contra el Estatuto y solo hay un camino, recurrir", dijo. Patricia Luquin (IU) mostró su confianza en que el jueves la medida salga adelante. "Será el momento para que algunos partidos como el PP se retracte", explicó en referencia a las palabras de Lobón y Rudi.
