El Partido Popular aragonés no está dispuesto a aceptar que el Ministerio para la Transición Ecológica se quede con los brazos cruzados tras la sentencia de la Audiencia Nacional que declara nula la obra de construcción de la presa de Mularroya, cerca de La Almunia, por no cumplir la Directiva Marco del Agua (DMA), una normativa de rango europeo para asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos.

El fallo, que es recurrible, supone no terminar el embalse de regulación de los ríos Grío y Jalón, que está realizado en un 70% tras una inversión de 130 millones de euros.

El diputado nacional Eloy Suárez, así como el presidente de PP en la provincia de Zaragoza, Ramón Celma han anunciado, en una rueda de prensa convocada junto al embalse de Mularroya, que se va a librar "una batalla política" que empezará con una batería de medidas políticas, legales y judiciales para que las obras de la infraestructura sigan adelante.

Un concepto polivalente

Una de ellas, la de más calado quizá, es proponer en la Unión Europea, a través de su grupo parlamentario en la Eurocámara, una modificación de la Directiva Marco del Agua, que según Suárez está pensada para las cuencas fluviales de países centroeuropeos, lluviosos y húmedos, pero no para las zonas más áridas de España. "El concepto de masas de agua sirve para todo, incluso para tumbar una infraestructura que es fundamental para nuestra tierra", ha asegurado.

Sin embargo, a corto plazo y en el ámbito más inmediato, las acciones para que no se pierda el embalse de Mularroya se centrarán en España.

"Se trata de un embalse que tiene una importancia estratégica y por ello vamos a presentar dos cuestiones en el Congreso de los Diputados, una de ellas una pregunta a la ministra Ribera para que explique las causas por las que ha decidido no recurrir y otra al Gobierno de España para que recurra", ha explicado Eloy Suárez, que ha resaltado que se trata de "una obra de interés general".

"Una actitud sin precedentes"

"Se trata de una actitud sin precedentes", ha recalcado en relación al abandono del proceso judicial por parte del Gobierno central antes de que haya terminado. Además, ha dicho que se va a solicitar que no se interrumpan las obras, "ya que nada impide que sigan en marcha, pues la sentencia no es firme".

"No recurrir es competencia del Consejo de Ministros, no de la ministra", ha afirmado el congresista popular, que ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que la titular de Transición Ecológica haya tomado una iniciativa" que, desde su punto de vista, "no le corresponde".

Suárez ha insistido en que su partido defiende los valores ecológicos, pero ha incidido en que "el ministerio, por donde pasa, arrasa", en referencia a Transición Ecológica y a su postura en la primavera del 2020 sobre el embalse de Biscarrués, otra gran infraestructura que el Ejecutivo central dio por perdida.

"Queremos que la ministra Ribera, que también es responsable del área de Reto Demográfico, venga aquí y nos explique cómo van a vivir 80.000 personas que dependen fundamentalmente del agua", ha añadido Suárez.

Sin margen judicial

En el plano judicial las posibilidades del PP aragonés son más limitadas. Para empezar, no es parte en el procedimiento, en el que solo permanecen ahora, como demandados, los regantes del Jalón y las empresas que construyen la presa, Acciona y Sacyr. Pero aun así Suárez ha indicado que se va a estudiar si desaprovechar la posibilidad de recurrir puede encajar en "algún tipo delictivo".

"Es un tema delicado, pero no vamos a renunciar a nada", ha enfatizado el congresista popular, que también se ha referido a la solicitud de un estudio para averiguar si hay pozos explotables en la zona de Valdejalón.

Eloy Suárez ha criticado igualmente a Pedro Arrojo, de Nueva Cultura del Agua, en referencia a la mesa del Pacto del Agua de 1992, un documento de 1992 en el que las fuerzas políticas aragonesas acordaron una serie de criterios comunes en materia de política hidráulica.

"Sacar uñas y dientes"

Por su parte, Ramón Celma, presidente del PP en la provincia de Zaragoza y responsable de Agricultura en las Cortes autonómicas, ha subrayado que "ha llegado el momento de que el Gobierno de Lambán saque las unas y los dientes, a no ser que se los haya quitado el presidente Sánchez".

"Si no se recurre esta sentencia, será como tirar a la basura más de 140 millones de euros, así como las esperanzas de cientos de agricultores de esta zona, pendientes de nuevos regadíos", ha indicado Celma. Según las cifras que maneja su partido, si no se hace Mularroya el 40% de las tierras de Valdejalón se quedarán sin un adecuado abastecimiento de agua, lo que supondrá la pérdida anual de 15 millones de euros en agroalimentación. Además, ha afirmado, 5.000 hectáreas de nuevos regadíos dependen de la terminación del embalse de Mularroya.

"Se está jugando con el pan de los aragoneses"

Por eso ha exigido al Ejecutivo de Lambán que "haga todo lo posible" para que el Gobierno de España recurra y defienda los intereses de los aragoneses, de lo agricultores y de la industria agroalimentaria, que representa uno de cada tres puestos de trabajo en la comunidad, según Celma. "No tiene ningún sentido que el Gobierno de España no cumpla su obligación tras una inversión de más de 140 millones y una obra de la que ya se ha terminado el 70%", ha explicado.

Por ello ha asegurado que el PP va a comenzar "una batalla política" para que se lleve a cabo el embalse y que se desarrollará en varios frentes, desde las Cortes de Aragón a los municipios, pasando por la diputación provincial y la comarca, además de las iniciativas que se llevarán a cabo en el Congreso y en el Senado. "Se está jugando con el pan de los aragoneses", ha zanjado.

Lambán mueve ficha y Podemos pide "un Acuerdo del Agua"

Sin embargo, Lambán ya ha empezado a mover ficha y mañana mismo se reúne con el Sindicato de Riegos del Jalón con el fin de buscar una salida al problema creado por la sentencia adversa.

En el otro extremo del tablero político, Podemos ha pedido que se convoque "una mesa de diálogo para un nuevo Acuerdo del Agua tras la ilegalización de Mularroya".

Los podemitas señalan en una nota que ahora se trata de "avanzar en el punto 94 del acuerdo de gobernabilidad", que recoge la convocatoria de una mesa sobre política hidráulica en la comunidad aragonesa. Insisten, además, en que, tras dos años de legislatura, es una cuestión que "todavía no se ha abordado".