Los grupos municipales de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza han criticado con dureza al Gobierno de la ciudad a cuenta de una nueva charla que ha levantado gran revuelo. En concreto, se trata de un acto organizado el sábado por la plataforma Rasmia (Asamblea Aragonesa por la Democracia y la Soberanía) en el que están invitadas a participar las madres de dos condenados como autores de una paliza a unos guardias civiles en Alsasua. El ayuntamiento ha cedido un espacio municipal, concretamente el centro cívico Río Ebro (María Zambrano, nº 56), para que se celebre este acto, que está siendo publicitado con carteles en los que se lee 'Charla con las Madres de ALTSASU'.

En la convocatoria de este evento a través de Facebook, los organizadores anuncian además que las madres de los "presos políticos" de Alsasua narrarán "el hostigamiento a que son sometidos por parte del Estado español los habitantes de esa localidad". "Hablaremos con ellas de la situación actual de los presos y de la lucha que sus familiares están llevando a cabo", continúa la convocatoria de Rasmia.

La polémica se ha suscitado unos meses después de otra muy similar. En este caso tuvo como protagonista a la exmiembro del GRAPO Carmen López Anguita, condenada en su día a 60 años de prisión (cumplió 29) como autora de distintos atentados, alguno de ellos con víctimas mortales. López Anguita participó en noviembre en una charla en el centro municipal Luis Buñuel levantado un gran revuelo. El PP pidió entonces al juez sin conseguirlo que impidiera la charla, .

Ahora, la polvareda ha vuelto a levantarse con fuerza. La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha indicado que la charla es "vergonzosa" y que tiene como objetivo defender que los condenados son “presos políticos” y que se está produciendo “un hostigamiento por parte del Estado” a los habitantes de Alsasua. Algo “intolerable en cualquier democracia, salvo que sea el Ayuntamiento de Zaragoza donde parece que hay barra libre y manga ancha para aquellos afines al equipo de gobierno”.

Fernández espera que todos los grupos municipales, empezando por el del equipo de gobierno, “hagan todo lo posible para evitar que se pueda celebrar este acto y se condene el intento de hacer pasar por presos políticos a unas personas condenadas por agredir a unos guardias civiles y a sus parejas”. Por ello, el grupo municipal de Ciudadanos ha pedido al alcalde que elabore un informe técnico que analice si la cesión de este espacio puede vulnerar el reglamento de centros cívicos municipales, sobre todo aquellos puntos relacionados con la denegación de espacios por ir en contra de valores constitucionales o generar alarma social.

Explicaciones pedirá también la concejala del Partido Popular Patricia Cavero, quien solicitará el próximo jueves en comisión plenaria a la consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, que se anule la cesión de estas instalaciones. "Tiene que rectificar. Quiero recordarles la cesión de un centro cívico en Delicias sobre Cataluña, los lazos amarillos en las Fiestas del Pilar o la cesión el mes de noviembre del Centro Luis Buñuel a una asesina del GRAPO. Y hoy ha dado un paso más", ha censurado la edil.

Para Cavero, el equipo de Gobierno de Zaragoza en Común "ha vuelto a ceder un espacio público a quien no debería hacerlo" por lo que "tiene que rectificar" ya que, a su juicio, "se ha vuelto a poner con esta cesión del lado de quien no respeta la constitución ni la ley".

La Audiencia Nacional condenó en verano del 2017 a ocho personas a penas de entre 2 y 13 años de prisión por apalear a un grupo de guardias civiles que no estaban de servicio y sus parejas que una zona de marcha de Alsasua. Finalmente, los jueces descartaron el delito de terrorismo, como pedía la fiscalía, que solicitó hasta 62 años de cárcel para los detenidos, dos de cuyas madres estarán el sábado en Zaragoza..