Se acaba el tiempo. Mañana por la mañana, en la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, tendrá lugar la primera votación del presupuesto para el 2020 y con él, de las enmiendas presentadas por los grupos municipales, y el Gobierno PP- Cs sigue sin tener cerrado un pacto con Vox ni aclara cuáles de sus exigencias está dispuesto a aceptar. Ni el alcalde, Jorge Azcón, ni la vicealcaldesa, Sara Fernández, descartan algunas de las exigencias más sensibles de la ultraderecha. Solo las evitan, como hicieron ayer en una comparecencia conjunta. En favor, afirman, de unas negociaciones que creen que se prolongarán hasta minutos antes de levantar, o no, la mano para apoyarlo.

Lo cierto es que las cuentas municipales solo pueden salir con el voto de la ultraderecha de Vox, mientras el resto de grupos le reprochan que no zanje debates tan sensibles como la «violencia intrafamiliar», que Vox ha exigido para reemplazar a la machista y que, preguntados directamente ayer por si lo van a aceptar, responden con nuevas evasivas. Fernández, de Cs, respondió que «se van que valorar todas las enmiendas». «Todas», reiteró. «No aplicaremos el rodillo que aplicaba la izquierda», apostilló el alcalde, del PP. «Ustedes ya lo saben, estamos negociando con los que están dispuestos a negociar», dijo María Navarro, responsable de Hacienda -y quien ha asumido la negociación con Vox-, sin aludir al grupo extrema derecha.

La edila conservadora reiteró que «el Gobierno municipal no aplicará cordones sanitarios» como le pedía el PSOE, para atajar cuestiones como la de la violencia intrafamiliar y no machista.Su apuesta, la de PP y Cs, es Vox, el que defiende ese cambio que ellos, por ahora, no descartan.

Y a esto se sumó ayer un informe del Justicia de Aragón en el que cuestionó la decisión de tramitar las ayudas urgentes como subvenciones, como plantea el presupuesto. Concluye que es «ajustado a derecho» que estas se incluyan en el capítulo cuarto de los presupuestos, en el que se incluyen las subvenciones, pero pide ejecutarlas bajo los principios de «prioridad y agilidad», y que en ningún caso sean consideradas subvenciones como tal.