Los grupos de Cs y PP en el Ayuntamiento de Zaragoza han pedido hoy responsabilidades políticas y explicaciones sobre la actuación del consejero municipal de Cultura, Fernando Rivarés, en relación a la cesión de material de un parque infantil a Pamplona sin contrato y pese a reconocer que era "un delito".

Esta noticia ha llevado a la concejal popular María Navarro a exigir responsabilidades políticas por lo que considera "un intento de ocultación" por parte de ZeC de delitos que podrían haberse cometido en el seno de la sociedad Zaragoza Cultural.

Navarro ha anunciado que pedirá la convocatoria extraordinaria de la Junta de Portavoces, así como una auditoria de contratación y de personal de todos los organismos gestionados por el consejero de Cultura ante uno hecho "extremadamente grave", ya que el propio Rivarés calificó como "delito" este uso irregular del patrimonio municipal e instó, posteriormente, según el citado diario, a los funcionarios municipales a "arreglarlo con fecha acorde" porque "se le podía caer el pelo".

La edil popular ha apuntado que "ahora" empiezan a entender por qué Rivarés cesó a la anterior gerente de Zaragoza Cultural y nombró a otra persona de su confianza en el puesto.

En este mismo sentido se ha pronunciado Sara Fernández, portavoz municipal de Cs, quien ha apuntado que los cambios en Zaragoza Cultural “no se debieron a un intento de mejorar la sociedad” sino, como en el caso de Ecociudad, para conseguir una estructura de personal que “permitiese al alcalde y a su equipo de gobierno seguir con sus maniobras interesadas sin oposición”.

Fernández ha pedido al alcalde que “aparte inmediatamente" a Rivarés de la consejería de Economía y Cultura hasta que demuestre "que lo publicado es falso”, al tiempo que ha añadido que si no pudiera hacerlo, la única salida digna que le quedaría "es la dimisión como concejal”.

También el grupo municipal del PSOE en un comunicado ha denunciado que la nueva organización de Zaragoza Cultural que anunció Rivarés tiene por objeto "blindar este órgano con personas afines al Gobierno" y ha pedido al alcalde la puesta en marcha de una auditoría en Zaragoza Cultural y el Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen para estudiar el personal, la contratación y la gestión de los ingresos.