El Ministerio de Medio Ambiente adjudicó ayer las obras de los tres tramos centrales del trasvase Júcar-Vinalopó, una obra que se ha relacionado con la macrocesión del Ebro y que ha levantado una fuerte polémica en la Comunidad Valenciana. Los trabajos costarán cerca de cien millones de euros y se han impulsado cuando faltan apenas dos meses para las elecciones generales.

La conexión entre el Júcar y el Vinalopó es considerada una primera fase del macrotrasvase del Ebro, porque la cuenca del Júcar cedería agua que después recuperaría con aportes de otra cuenca. Este extremo ha sido negado reiteradamente por el Ministerio de Medio Ambiente, que quiere distinguir entre el río Júcar y la cuenca del mismo nombre y que asegura que mientras aquél es excedentario, ésta es deficitaria.

Pero la Comisión Europea ha advertido al Gobierno central de que en ningún caso ambos trasvases pueden ligarse, un hecho que lleva a afirmar a los detractores de la cesión del Ebro que el objetivo del ministerio es vincularlas.

En cualquier caso, el director general de Obras Hidráulicas, Juan Manuel Aragonés, anunció en Valencia la adjudicación de los tres tramos centrales del Júcar-Vinalopó, unas obras que costarán 99,4 millones de euros y que tienen un plazo de ejecución de entre 29 y 34 meses.

EL INICIO DE LA ACTUACION El trasvase Júcar-Vinalopó ya está iniciado. De hecho, fue el presidente del Gobierno central, José María Aznar, quien puso la primera piedra de la obra hace prácticamente un año, junto al entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas.

Sin embargo, el proyecto se ralentizó en Bruselas, a cuyas instituciones se había solicitado financiación. Las múltiples dudas de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea enfriaron los trámites e hicieron falta muchos meses antes de que se concediera el dinero (80 millones de euros) y se impusieron fuertes condiciones y limitaciones (como la imposibilidad de usar agua del Ebro para recuperar el agua que ceda el Júcar).

Ahora se da un empujón a las obras cuando faltan sólo dos meses paras las elecciones generales. Aragón aseguró que el último tramo será adjudicado "en breve" y que el proyecto (que tiene un coste global de 230,4 millones de euros, de los que los usuarios pagan el 32,6%) podría quedar listo en tres años.