El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer la legalización del híper de Utrillas, amenazado de cierre por una sentencia judicial, y el grupo municipal del PP aprovechó la cita para acusar al Gobierno PSOE-CHA de "maltratar", "insultar" y tomar represalias económicas contra los comerciantes por impulsar la demanda del centro comercial.

Jorge Azcón, portavoz adjunto del PP, reveló que la partida económica de Alcaldía destinada a la Federación de Comercio ha desaparecido --el año pasado había198.300 euros (33 millones de pesetas)-- y que se han recortado significativamente las que se conceden a asociaciones de autónomos y de hosteleros. La asignación de Instituto de Fomento, en la que se gestiona el Plan Local de Comercio, se ha reducido en general en un 30%, según el PP.

Ante la rebaja presupuestaria al sector, el equipo de Gobierno respondió que los recortes "son generalizados" en todas las áreas y vienen marcados por la línea presupuestaria de contención. Antonio Gaspar, segundo teniente de alcalde, recordó que el consistorio arrastra un déficit de 18 millones de euros y aseguró, además, que la colaboración municipal con los comerciantes "no tiene por qué ser sólo desde el punto de vista económico".

En el pleno, Gaspar rechazo que su Gobierno haya insultado a la Federación de Comercio. "Decir que han mostrado una postura inflexible (en el caso de la demanda contra el híper de Utrillas) no es insulto, es decir que mantienen a ultranza su postura inicial", aseguró.

LA LEGALIZACION, ADELANTE La corporación aprobó ayer la reforma del Plan Especial de Utrillas, que permite legalizar más de 10.000 metros cuadrados de superficie de ventas en el sótano del centro comercial. A raíz de un recurso de la Federación de Comercio, el juez anuló la licencia de esta zona del híper en el 2002 y tras distintos intentos fallidos por parte del PP y de PSOE-CHA para evitar el cierre, el ayuntamiento ha tramitado la legalización contrarreloj.

En caso de clausura, el consistorio debía afrontar el pago de una indemnización de 70 millones de euros solicitada por los promotores, que en su día obtuvieron las licencias de construcción y de apertura en el ayuntamiento.

La coalición PSOE-CHA y el PAR votaron a favor de la legalización, mientras que el PP, que en su día promovió sin éxito la misma reforma del Plan Especial, se abstuvo. Azcón explicó que la reforma es "buena para la ciudad", pero que su grupo rechaza la urgencia y "las formas" con las que se ha tramitado.

Tanto el PP como el PAR abogaron por la continuación del diálogo con el pequeño comercio, superando la falta de entendimiento que ha supuesto la demanda contra el híper y el consistorio. Pese a que el Gobierno PSOE-CHA no consiguió con la Federación un acuerdo alternativo a la clausura, y a que el alcalde pide que renuncien a un nuevo recurso antes de reanudar las negociaciones, el Ejecutivo municipal aseguró ayer no va a romper el diálogo.