El portavoz popular de Justicia en las Cortes, Fernando Ledesma, ha denunciado hoy que el PSOE ha tratado de "vaciar de contenido" la proposición de ley de Garantía Jurídica Universal, que comienza en un día su ponencia después de que se presentaran 109 enmiendas al texto inicial.
En rueda de prensa, el representante del PP, grupo que registró la iniciativa legislativa, ha asegurado que los socialistas han sido la "excepción", ya que mientras todos los grupos han presentado sus enmiendas con un "espíritu constructivo" y recogiendo las demandas de los sectores afectados, el PSOE ha intentado transformar una proposición de ley con carga imperativa en una proposición no de ley que no sea de obligado cumplimiento.
Ledesma ha confiado en que la norma entre en vigor antes de que finalice 2017 y ha explicado que abogados y trabajadores sociales se han interesado por esta proposición de ley por su novedad y porque sería la primera de este tipo que se aprueba en toda España.
El objetivo primordial es agrupar las diferentes asesorías que presta el Gobierno de Aragón dentro de la Dirección General de Justicia y que la totalidad de estos servicios sean prestados por los colegios de abogados, que son quienes ejercen la justicia gratuita global y el turno de oficio.
Así, todo ello permite la continuidad y estabilidad en el tiempo de estos servicios, al superar la situación actual en la que se venían firmando contratos y convenios cada dos años, lo que generaba "ciertas tensiones" y "riesgo de inestabilidad" cada vez que llegaba el momento de la renovación.
Del mismo modo, ha indicado que el texto legal pretende evitar duplicidades, tanto en la Administración como en los entes que prestan estos servicios, dado que actualmente hay servicios diseminados en diferentes departamentos, como las asesorías a mujeres, dependiente del Instituto Aragonés de la Mujer, o a inmigrantes, en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Asimismo, el diputado del PP ha considerado que el hecho de que todos estos servicios los presten los colegios de abogados supone una "nueva garantía", ya que tienen a todos los letrados a su disposición y llegan a todo el territorio, además de tener el control disciplinario sobre el ejercicio de la abogacía y un código deontológico, cosas que de las que no disponen las empresas privadas del sector.
En este sentido, ha recordado que las Cortes ya han debatido diversas iniciativas para que sean los colegios de abogados los que presten estos servicios y han sido aprobadas por unanimidad.
Durante la tramitación parlamentaria los grupos han planteado vía enmiendas la ampliación de esta garantía jurídica universal a otros servicios, algo que se estudiará a lo largo de la ponencia, aunque ha resaltado que hay algunos que ya no serán necesarios, ya sea por la mejora de la economía o por cambios legales.
