La diputada del PP en las Cortes Ana Marín denunció ayer los «recortes» de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales en el servicio de atención social a las víctimas de la violencia machista, que tras la renovación del contrato de mayo ha perdido tres de los seis puntos de atención que hasta ahora existían en Calatayud, Barbastro y Alcañiz, con el despido de 5 de las 13 trabajadoras que lo prestaban. La DGA negó los despidos y aseguró que en breve se firmará un nuevo contrato para mantener los servicios en estas ciudades.
Según expuso la popular Marín, la empresa que ya prestaba el servicio con el contrato anterior, Atenzia, volvió a lograr la adjudicación al presentar una oferta de 126.000 euros, frente a los 164.000 de la licitación. Pero «solo cinco días después», despidió a las cinco empleadas y cerró los citados puntos de atención, limitándolos a los de las capitales de provincia.
La diputada popular aseguró que ya había alertado hace tres semanas a la consejera María Victoria Broto, sin que haya adoptado soluciones, por lo que pidió su comparecencia en las Cortes para dar explicaciones.
La Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales explicó que el personal despedido se incorporará en las próximas fechas a otros servicios con la misma jornada, mientras se tramita la recuperación de los puestos de atención eliminados.
La DGA alegó que la licitación del contrato recién adjudicado por parte del Gobierno fue en «idénticas condiciones» que la tramitada por el anterior Ejecutivo del PP-PAR en el 2015. Solo que entonces, Atenzia presentó como mejora en la oferta la implantación de estos tres puntos en el ámbito rural, que ahora no ha incluido. entre otras cosas, por su bajo nivel de atención.
Aun así, según la consejería, dado que la atención en violencia de género es «prioritaria» para el Gobierno, se ha propuesto a la adjudicataria firmar un contrato complementario para mantener las bases y al personal.
