La oposición del PP en Aragón a la gestión de la crisis del coronavirus en la comunidad se ha igualado en dureza a la de Pablo Casado con Pedro Sánchez. Tras el espejismo de unidad que protagonizó la comunidad en las primeras semanas del confinamiento la diputada Mar Vaquero lamentó ayer en las Cortes de Aragón la «irresponsabilidad» del Ejecutivo autonómico. Y lo hizo a cuenta de la falta de test rápidos a toda la población a la hora de evaluar la situación de la epidemia, rechazando el modelo estadístico por el que se ha optado de forma general.

En su intervención en el pleno, Mar Vaquero, por parte del PP, comparó dos modelos en la gestión de la crisis sanitaria. «Son diametralmente opuestos», dijo. Enfrentando acierto con fracaso, incompetencia frente a eficacia. El modelo de «ejemplaridad» es el representado por la sociedad y el modelo de «fracaso» el protagonizado por el Gobierno de Aragón, arrastrados por el Gobierno de España. Esto le llevó a celebrar que muchos ayuntamiento han tenido que realizar los test para proteger «el bienestar y la seguridad de sus vecinos», poniendo como ejemplo lo sucedido en Valderrobles.

ASINTOMÁTICOS

La portavoz de los populares aragoneses enfatizó el papel relevante que para los gobiernos supone la realización de test masivos a la población, no solo como medida de control durante el periodo más agresivo de la pandemia sino también desde el momento en el que se plantea el desconfinamiento generalizado. Y manifestó que se deberían dirigir en concreto a las personas asintomáticas porque «ni ellos quieren ser transmisores de la enfermedad en unos momentos en el que ya los niños están empezando a salir a la calle y se está empezando a pensar en la reincorporación de una forma más generalizada a los puestos de trabajo». Esa situación debería obligar al Gobierno de Aragón a generalizar la realización de las pruebas.

«Desde el Partido Popular hemos defendido permanentemente y desde el inicio de esta crisis la realización de los test», recordó Mar Vaquero al defender que son una herramienta fiable para diagnosticar a los posibles afectados, llevar a cabo el aislamiento y evitar la propagación de la pandemia. «Queremos test para controlar la salud, para evitar rebrotes y test para facilitar la recuperación económica y social», repitió.

«UN DERECHO»

En un hemiciclo casi vacío, para cumplir con las distancia que marca el estado de alarma (y con intervenciones desde los escaños para no compartir el micrófono de la tribuna), Vaquero le señaló a la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, que la realización de estas pruebas rápidas es «un derecho» y una «garantía» para que la desescalada se lleve a cabo de forma segura. Eso le ha llevado a pedir que no se prohiba de forma expresa estas iniciativas, pues considera que la intención es estas entidades es abordar la «responsabilidad compartida».

Pérez, por su parte, respondió que no es una competencia del Gobierno de Aragón señalar que los ayuntamientos realicen test. Aunque eso sí, celebró la «buena voluntad» de los alcaldes, aunque precisando que la responsabilidad en una cuestión sanitaria tiene que tener el «pilotaje absoluto» de la autoridades. Pese a todo, los populares insistieron en que es un «clamor» la necesidad de hacer este tipo de pruebas, al considerar que la encuesta epidemiológica es insuficiente.

La diputada de Ciudadanos, Beatriz García, puntualizó que no le «vale» la falta de competencias de los ayuntamientos para no permitirles hacer los test, porque están «en primera línea para ayudar», y la decisión de Sanidad «ha echado por tierra los desvelos» de los municipios que han adquirido, porque no les llegaban, miles de pruebas que no se han llegado a usar.

ERRORES COMETIDOS

Más allá del debate sobre la incidencia real de la pandemia, la consejera manifestó en su intervención que en Aragón se ha logrado ganar terreno al virus pese a que ningún país estaba preparado. «Hemos cometido errores que exigen disculpas, pero de los que debemos ser capaces de extraer lecciones», dijo. Por el momento celebró la coordinación de todas las administraciones implicadas, con reuniones diarias en los distintos niveles. También defendió que se ha proporcionado información sustancial, tanto a los grupos políticos de la comunidad como ante los medios.

La intervención de Vox sirvió para agrandar las diferencias políticas. El diputado David Arranz arremetió contra el Gobierno central, contra los medios «vendidos al discurso oficial» y los «redactores del Ministerio de la Verdad», mezclando muertes de ancianos en las residencias con la falta de pruebas diagnósticas. «Han preferido colocarnos mordazas en vez de mascarillas», argumentó.

«PALOS EN LAS RUEDAS»

Entre los grupos que apoyan al Ejecutivo autonómico la reflexión es mucho más moderada. La diputada Itxaso Cabrera (de Podemos Equo) cargó contra el discurso de Vox por mezclar cuestiones fuera de lugar con el propósito de «atizar» al Gobierno con «bulos» y poner «palos en las ruedas» cuando ante esta crisis sobrevenida y sin precedentes, se está haciendo «todo lo posible y más allá».

Por su parte, el diputado Álvaro Sanz (IU) mostró su preocupación por la desescalada y por que se aliente una cierta relajación social. Por eso reclamó que no se permita que las prisas puedan a la prudencia, que se garantice el «mayor de los rigores», basado en el conocimiento científico, y que queden claras las necesidades de coordinación de realización de test diagnósticos.