El Partido Popular pidió ayer al Gobierno de Aragón que plantee cambios «sustanciales» en el nuevo decreto para modificar la legislación que regula las casas rurales, un total de 1.545 en la comunidad con cerca de 11.000 plazas.

Para el portavoz de Economí, Ricardo Oliván, los borradores del decreto ley «solo han creado preocupación en el colectivo» al considerar que supondría «un duro golpe para el sector, para las rentas de los propietarios y, sobre todo, para el mantenimiento de población en el medio rural», aseveró el diputado.

Uno de los puntos más conflictivos es la limitación de la casa de turismo rural en relación con la población del municipio, una cuestión para la que Oliván pide una «honda reflexión» entre todo el sector. «El borrador dice que no se podrán autorizar casas en municipios de más de 1.000 habitantes y el Consejo Económico y Social, de buen criterio, indica que es una cuestión que hay que repensar, pues es muy limitativa», señaló.

El segundo punto que habría que modificar según el PP es que en la normativa se establece una serie de requisitos «idénticos» a la de los hoteles, algo que las casas rurales no son, remarcó. «Por ejemplo, se valora que la casa tenga una carta de almohadas pero no se valora que tenga una chimenea o una cadiera», detalló el diputado popular.