El diputado del PP Ramón Celma ha denunciado las "mentiras" del Gobierno de Aragón con respecto a la reforma de la PAC, que "no es posible hacer hasta 2020" y le ha pedido que, en su lugar, deje de poner "trabas" y "trampas" a la incorporación de jóvenes agricultores, que es "más urgente que nunca".

En rueda de prensa, Celma ha explicado que "sobra decir" que el PSOE empezó a hablar antes de las elecciones de la modificación del mapa de los estratos y cuando no podía comenzó con la reforma de la PAC social, pese a que ninguna de ellas se puede realizar antes de 2020 ni aplicar antes de 2022.

Por contra, los populares, "siendo realistas", han puesto sobre la mesa medidas para resolver problemas que sí se pueden acometer "de forma inmediata", como en lo relativo a la incorporación de jóvenes agricultores al campo.

Así, ha denunciado que la última orden sobre incorporación de jóvenes agricultores incluye una cláusula que impide que la mayor parte de necesitados accedan a estas ayudas, ya que exige que cuenten ya con todos los expedientes, licencias y permisos finalizados, algo que es "absolutamente inviable" porque dependen de la concesión de estas subvenciones para iniciar su actividad.

Celma ha reiterado que, además, esta incorporación es "más urgente que nunca" en Aragón por vertebración, mantenimiento de los municipios, porque el 40 por ciento de los agricultores tienen más de 60 años y porque la administración tiene medios procedentes de Europa.

Por otro lado, su compañero de filas Miguel Ángel Navarro ha lamentado que de los 30 millones anunciados en la Cámara por el director general de Desarrollo Rural se ha ejecutado menos del 60 por ciento, lo que implica que es "muy difícil" que los jóvenes que quieran iniciarse en el campo puedan hacerlo con garantías y financiación.

Ha considerado que se deberían haber concedido la totalidad de las ayudas solicitadas y no a partir de cierto baremo, por lo que ahora el ejecutivo autonómico deberá indicar dónde está esa cuantía total y explicar a los no admitidos cómo está su expediente y por qué les ha denegado su solicitud.

Asimismo, ha señalado que han constatado que las inspecciones administrativas al sector han causado problemas, como se ha demostrado con las 15.000 notificaciones que están llegando a familias de agricultores por discrepancias en el Sistema de Información Agrícola de Parcelas Agrícolas (Sigpac).

En ellas utilizan fotografías para conceder o denegar ayudas y lo hacen con carácter retroactivo y les penaliza también de forma retroactiva, por lo que ha exigido al gobierno que lo paralice.

Celma ha añadido que la administración debe ir "al mismo ritmo" que los agricultores y que el retraso en los pagos no se debe a que estos no cumplan con sus obligaciones, sino a la demora en los trámites del propio Gobierno de Aragón.

Ha pedido, por tanto, que en lugar de seguir "teorizando" sobre reformar la PAC, se resuelvan los problemas de los agricultores.

Para ello han propuesto medidas como la modificación del coeficiente de pastoreo para que los ganaderos puedan demostrar su labor medioambiental, un plan de pagos "real y eficiente", reforzar el trabajo con entidades colaboradoras, iniciativas de apoyo a los municipios y reservas de caza o que se presente en las Cortes el Programa de Desarrollo Rural.