La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha decidido mantener las fianzas de 216.000 y 88.000 euros impuestas, respectivamente, a los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña Santi Vila y Lluís Puig para hacer frente a las responsabilidades derivadas de su negativa a cumplir la sentencia que ordenaba devolver los bienes históricos del Monasterio de Sijena.

En sus autos de rechazo a los recursos interpuestos contra estos exresponsables políticos, la magistrada argumenta que la fianza debe recoger no solo los planteamientos de la Fiscalía en su escrito de calificación, que reclama multas de 5.940 euros para cada uno y el pago del coste del traslado forzoso de las piezas, sino los de la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

El representante legal de este consistorio, Jorge Español, solicita por su parte 99.000 euros a Santi Vila por presuntos delitos de desobediencia y usurpación de atribuciones judiciales, y de 66.000 para Puig por el primero de los cargos atribuidos.

Para rechazar los recursos de ambos exconsejeros, la jueza señala que la fianza establecida «se limita a dar cumplimiento a lo establecido en la ley procesal, teniendo en cuenta las acusaciones formuladas», tanto la pública como la particular. La magistrada rechaza así las pretensiones de las defensas de ambos acusados en sus respectivos recursos, en los que se pedía adecuar la fianza a la petición de multas de la fiscalía, cuyo importe global se ajusta a los costes del traslado de las piezas.

A esta resolución se ha sumado el incidente de nulidad presentado la semana pasada por la defensa de Santi Vila para denunciar que el auto de apertura de juicio oral del pasado 5 diciembre vulnera el derecho constitucional de su cliente a una tutela judicial efectiva. Argumenta este letrado que la incorporación «sorpresiva» en el auto del delito de usurpación de atribuciones judiciales planteado por la acusación particular introduce unos «nuevos hechos» que exigen retrotraer la causa al inicio y la anulación de la apertura del juicio oral.

Añade, además, que la comisión de este supuesto delito se habría producido, en todo caso, en Barcelona, por lo que el caso debería de ser resuelto por un tribunal catalán.

En respuesta a este incidente, el letrado del consistorio de Villanueva de Sijena ha presentado un escrito de alegaciones en el que rechaza la petición del representante legal de Vila.