El debate abierto y que se está desarrollando tácitamente en los pasillos del Congreso de los Diputados y el Senado sobre la necesidad de incluir los trasvases como una posibilidad para atender los déficits hídricos de gran parte del país tiene varios antecedentes en distintas iniciativas parlamentarias aprobadas este mismo año y que han autorizado diversos trasvases entre cuencas. Así ocurrió en sendas iniciativas localizadas por EL PERIÓDICO y que fueron aprobadas en el Senado los pasados meses de abril y mayo, para dotar de agua a dos sectores con necesidades y que reclamaban aportaciones de caudal procedentes de otras cuencas. En concreto, para satisfacer las demandas del municipio murciano de Puerto Lumbreras y otra para sustituir extracciones de agua subterránea en el entorno de Doñana, en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.
Ambas iniciativas salieron adelante con el voto del PP y el PSOE, salvo en la de Doñana, en la que los socialistas se abstuvieron (posteriormente aprobaron en Andalucía una ley autonómica de trasvases. Ambas mociones contaron con la discrepancia del PAR, cuya senadora, Rosa Santos, trasladó su malestar al grupo popular y se ausentó de la votación, como muestra de su diferencia con esta visión sobre la política hidráulica y por ir en contra de los acuerdos suscritos con los populares.
PRECEDENTES
En realidad, en todas las legislaturas se han autorizado trasvases entre cuencas con pequeñas dotaciones de caudal, si bien la mayor parte de ellas han sido por razones de abastecimiento para consumo humano y han tenido carácter temporal y reversible. Algo que no se contempla en las dos mociones presentadas por los populares en la Cámara Alta.
En la iniciativa para dotar de más recursos al municipio murciano de Puerto Lumbreras (por cuyo término transcurre el polémico trasvase Tajo-Segura) se insta al Gobierno a dotar a esta localidad «de recursos hídricos suficientes, bien mediante el incremento de recursos no convencionales procedentes de desalinizadoras existentes en la propia demarcación hidrográfica del Segura, bien mediante la propuesta de incluir en el Plan Hidrológico nacional las transferencias necesarias procedentes de otras demarcaciones hidrográficas, para poder cubrir las necesidades de las hectáreas de regadío del municipio». Puerto Lumbreras tiene una demanda bruta de recursos hídricos de 7,62 hectómetros cúbicos al año y un déficit de aplicación de 1,40.
En el caso de Andalucía, la moción insta a que se «continúe con los estudios informativos y justificativos de aquellas infraestructuras que pudieran posibilitar la transferencia, y realice su evaluación de impacto ambiental de forma conjunta, de manera que se acelere la tramitación del proyecto de modificación de la ley de Plan Hidrológico Nacional con un nuevo trasvase de hasta 15 hectómetros cúbicos desde otra demarcación hidrográfica a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, para sustituir extracciones de agua subterránea en el entorno de Doñana, de acuerdo con las prioridades».
También insta a «hacer efectivos los travases que posibiliten las infraestructuras ya construidas y en explotación, en tanto se acometen las que serían necesarias para poder transferir el total máximo que se pudieran aprobar».
