La portavoz del PP en educación, María José Ferrando, ha lamentado hoy que "nuevamente" hayan tenido que ser los tribunales los que garanticen la libertad de elección de centro educativo, en un "nuevo varapalo judicial" al Departamento de Educación.

En declaraciones proporcionadas por el PP, Ferrando se muestra de acuerdo, "como siempre", con los autos hechos públicos hoy por los cinco magistrados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en los que ordenan al ejecutivo aragonés que incluya en la oferta de plazas para el proceso de escolarización las unidades de los centros privados excluidos de concierto.

La diputada lamenta que el secretario general técnico del Departamento de Educación, Felipe Faci, no esté de acuerdo con estas medidas cautelas dictadas por la justicia, pero aún más que tampoco lo estuviera "con los 30.000 que salieron a la calle para pedir libertad".

Se refiere la parlamentaria a la manifestación que tuvo lugar el pasado 4 de abril en la capital aragonesa, organizada por la patronal, los profesores y las familias de la concertada, en contra de la decisión de dejar de concertar trece aulas en la próxima renovación de conciertos.

"Que digan con quién están de acuerdo, porque de momento solo lo están con el sectarismo de Podemos", ha emplazado Ferrando al ejecutivo aragonés.

Y ha insistido en la "gran debilidad" de un gobierno que "tiene que pasar por encima de los ciudadanos para mantenerse en un sillón".

Precisamente mantener al presidente aragonés, Javier Lambán, "en su sillón" es la "única planificación" que tiene el Departamento de Educación y que éste alega para justificar sus decisiones acerca de concertar más o menos plazas.

Lambán lo hace, además, "cueste lo que cueste", incluso aunque eso suponga ir contra "derechos fundamentales como la libertad de las familias para elegir dónde quieren educar a sus hijos".

Por eso, Ferrando le ha exigido que mire "al conjunto de los ciudadanos" y "no solo a una parte", al tiempo que ha recordado que más del 50 % de las familias zaragozanas eligen la educación privada concertada.

Además, ha justificado que los colegios hayan recurrido a la vía judicial porque el proceso de escolarización empieza el próximo día 19". "No les ha quedado más remedio", ha asegurado.