PSOE, CHA e IU registraron ayer en las Cortes una iniciativa para que el Parlamento debata la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local. No llegará a ningún sitio porque hoy mismo PP y PAR la rechazarán. La izquierda anunció que de producirse esta circunstancia abandonarán la ponencia que estudia la reordenación competencial en las administraciones de la comunidad.

PP y PAR consideran que la ley aprobada por el Ejecutivo central no invade competencias de la comunidad. Y que tras incluirse una enmienda presentada por los senadores del PAR, en la que en realidad no se reconoce otra cosa que lo que ya figura en el Estatuto --y sin grandes detalles--, la normativa supera con creces todos los parámetros para considerarla constitucional.

No lo creen así los grupos de la izquierda, que ayer reclamaron la interposición de un recurso semejante al que la Cámara aprobara la pasada semana referente a la Ley de Evaluación Ambiental. Javier Sada (PSOE) mostró su preocupación por las posibles incidencias que tendrá esta norma sobre las competencias autonómicas y los ciudadanos, fundamentalmente, cuya institución más cercana para las decisiones y control democrático son los municipios.

José Luis Soro (CHA) señaló que los tres grupos se han unido en defensa de la ciudadanía contra una "barbaridad" de ley que vulnera sus derechos y la calidad de los servicios públicos. El ayuntamiento, añadió, es la "puerta más cercana" a la que llaman los ciudadanos cuando tienen problemas y el PP quiere municipios "vacíos" de competencias y de financiación, que sean "auténticos fantasmas" institucionales sin posibilidad de ayudar a sus vecinos.

Patricia Luquin (IU) insistió en que la reforma local supone una "demolición" del modelo de gestión pública que se inició en España con los ayuntamientos en 1979. Esta ley implica "menos derechos, menos servicios y menos democracia", tal y como la ha planteado el PP, subrayó, porque en su opinión afectará directamente a los servicios que prestan los ayuntamientos, abre la puerta al "desmantelamiento" y "privatización" de servicios.