Una enmienda conjunta del PP y el PAR al proyecto de Ley de la Función Pública que remitió el Gobierno tras celebrar el consenso alcanzado con los sindicatos está a punto de romper el acuerdo alcanzado. Se trata de la enmienda 87, en la que se pretende congelar la entrada en vigor de un artículo que acababa con la consolidación de un derecho retributivo que alcanzaban los funcionarios de libre designación al aumentar su categoría profesional. Esto sucedía a aquellos funcionarios que eran nombrados políticamente para ejercer labores técnicas en determinadas jefaturas.

Esta enmienda plantea ahora la posibilidad de que los aproximadamente 150 puestos de libre designación que, en un hipotético cambio de Gobierno estaban abocados a volver al complemento del último puesto obtenido por concurso, mantengan ahora la categoría máxima alcanzada tras su nombramiento a dedo. Esta situación ha generado malestar en la mayoría del funcionariado por considerarlo un agravio dentro de la administración pública, y más en pleno debate de la transparencia.

Esto ha propiciado además el malestar de los sindicatos, que dan por roto el consenso que alcanzaron con el Ejecutivo autonómico para sacar adelante esta ley. Francisco José González, secretario general de la sección sindical de CCOO en la DGA, aseguró ayer que "deben plantearse la retirada de la enmienda o damos por rota la buena voluntad para sacar adelante los cinco decretos que deben redactarse para el desarrollo de la ley".

González indicó que se produce una "auténtica discriminación" y un fenómeno "perverso" al proteger "puestos nombrados políticamente y consolidar sus niveles cuando lo justo sería que volvieran al nivel anterior que tenían antes de su nombramiento". A juicio de CCOO, el mantenimiento de estos complementos, que afecta a unos 150 funcionarios con salarios superiores a 50.000 euros al ser de las categorías más altas quiebra la transperencia. Solo 70 de ellos son jefes de servicio, en algunos casos incluso con licenciaturas ajenas a los puestos que desempeñan.

"Nos aseguraron que los grupos que apoyan al Gobierno no presentarían enmiendas de calado político a un proyecto de ley que corregía los desórdenes de la función pública y la hacía más transparente, pero al final no ha sido así. Los puestos de libre designación, que eran la palanca política que al final controlaba la administración, seguirán manteniendo unos complementos obtenidos políticamente, cuando con esta ley se acababa con ello", señaló González, quien lamentó que la mayor parte de los funcionarios no puedan ascender más allá del nivel 26 y estos funcionarios de libre designación sí tengan la oportunidad de seguir aumentando hasta el máximo nivel, el 30.