El Gobierno de Aragón podría zanjar "a finales de este mes" la eterna discusión con el Ayuntamiento de Zaragoza sobre cómo debe aplicarse la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y es que es sus previsiones está que PP y PAR presenten una proposición de ley con la que delimitar la reordenación competencial que afecta a consistorios, comarcas y diputaciones en base a un texto legal a nivel estatal que ambas instituciones interpretan de forma distinta. Una diferencia de criterio que estuvo a punto de acabar en los tribunales y que, entre circulares, resoluciones y notas explicativas y aclaratorias del Ministerio de Hacienda y el Pignatelli, mantiene la amenaza --o cuanto menos la incertidumbre-- sobre servicios que ahora ofrece y mantienen las arcas municipales.

El consejero de Política Territorial e Interior de la DGA, Antonio Suárez, asistió ayer a la inauguración de las Jornadas sobre la Reforma Local organizadas por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, y no desaprovechó la oportunidad para replicar al Gobierno de Zaragoza, que la semana pasada acusaba al Ejecutivo autonómico de desoír lo que dice la propia ley de bases y las indicaciones del Ministerio de Hacienda para su aplicación. "Creo que las cosas están claras y que el ayuntamiento, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha intentado y sigue intentando conseguir fondos públicos del Gobierno de Aragón", aseguró en su intervención.

ESTÁN CLARAS

Porque para Suárez, las competencias del Ayuntamiento de Zaragoza, como las del resto de Entidades Locales, "están clarísimas". Son, insistió, las que figuran en el artículo 25.2 de la ley de bases y las que se desprenden de la legislación sectorial estatal y autonómica, que son los aspectos a los que hacía referencia la nota explicativa del Ministerio de Hacienda. Y es que, para la DGA, todas las competencias sobre las que preguntó el consistorio se pueden incluir en este paraguas normativo, así que se deben considerar ya como propias y no como impropias o delegadas, que es lo que añadiría la obligación de aportar la financiación necesaria.

Pero el consejero se abstrae de cualquier rifirrafe institucional con vistas a esa proposición de ley que, según dijo, se conocerá "próximamente" y que fuentes oficiales de su Departamento afirmaron que se espera para este mismo mes. Con la tramitación normal, podrían pasar aún cuatro meses hasta que fuera aprobada inicialmente y, por supuesto, antes de que acabe la legislatura tendría plena vigencia. De manera que se garantiza la prestación de los servicios públicos con esa "reordenación de las responsabilidades administrativas" a la que aludió ayer Suárez y que prometió que "va a aclarar las dudas que puedan quedar en el reparto competencial".

Una propuesta que el propio consejero admite que le habría gustado tener antes pero que se retrasó porque se intentó alcanzar con el consenso con todos los grupos parlamentarios en una ponencia que tuvo un escaso éxito. Asimismo, Suárez añadió que el Gobierno sigue trabajando para llevar a las Cortes el proyecto de Ley de Capitalidad, que podría ver la luz "antes de que finalice la legislatura".

Mientras, desde el consistorio zaragozano, el vicealcalde Fernando Gimeno consideró que es "una buena noticia" que esta proposición de ley llegue, aunque lo haga con retraso, porque el reparto competencial "debe resolverse por ley, no con una circular". "Es absurdo, nos contentamos con que nos paguen la deuda y que se cumpla la ley, y si tiene que delegar, debe ir acompañado de la financiación", insistió.