El PP instó ayer a la concejala delegada de la Policía Local, Elena Giner, a que archive el expediente iniciado tras la denuncia de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) y la Comisión de Derechos Civiles del 15-M sobre los supuestos decomisos a la carta por parte de los agentes de la Policía Local.

Según explicó el concejal del PP, José Ignacio Senao, las propias asociaciones negaron en un comunicado haber «acusado a nadie de revender nada», una afirmación que para el conservador evidencia que la denuncia de ambas entidades no era tal y «se deduce que es falsa». Por este motivo, Senao instó a la concejala a que «de la orden para que se archive el expediente y no sea cómplice».

Giner explicó que no pueden tomar las decisiones a «golpe de comunicado para decidir si se retira o se archiva un expediente», que está en información reservada. Por ello, añadió que no se «saltarán los cauces ni a interpretar el comunicado».

El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ) interpuso una querella contra la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) y la Comisión de Derechos Civiles del 15-M zaragozano por las manifestaciones acusando a los agentes de realizar decomisos a la carta y de revender el material, en algunos casos.

El sindicato englobaba las acusaciones en un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, conocido como delito de odio, en este caso, hacia los funcionarios.

Tanto los sindicatos como los grupos políticos han instado en más de una ocasión al equipo de dirige Pedro Santisteve a manifestar públicamente su apoyo al cuerpo policial, aunque con escaso éxito.

La querella sindical estuvo motivada por la parcialidad que aprecian en la información reservada (investigación interna) que abrió el consistorio sobre las denuncias de los manteros. Entre otras cosas, porque se estaba llamando a declarar a los agentes sin recabar los informes sobre los hechos cuestionados.

Las idas y venidas de ZeC con la Policía han sido una constante durante toda la legislatura. El Gobierno municipal anunció a su llegada a la alcaldía que modificaría el modelo policial y, tres años después, el único cambio que se conoce es el la modificación del nombre de la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO).

Esta pasará a llamarse Unidad de Refuerzo Flexible (URF), que tendrá «la misma estructura, plantilla, calendario y condiciones laborales de la actual UAPO» y solo cambiará su vestimenta. Otra de sus propuestas es recuperar la policia de barrio de la legislatura de Rudi. Ideas que todavía no se han hecho realidad por la falta de consenso con sindicatos y partidos.