La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, Carmen Susín, ha pedido hoy la dimisión del consejero Sebastián Celaya por considerar que se ha llegado un "punto sin retorno" en la construcción del nuevo hospital de Alcañiz, al admitir que "igual" se veía obligado a rescindir el contrato.
Además del Grupo Popular, la diputada ha sostenido en rueda de prensa que los ciudadanos también deben exigir responsabilidades políticas ante este "nuevo capítulo" en torno al hospital de Alcañiz, después de que Celaya reconociera hoy en la Cámara que había "problemas" con la empresa adjudicataria y que "igual se veía en la obligación de rescindir el contrato".
Asimismo, ha anunciado que su grupo ha registrado una petición de comparecencia del presidente autonómico para que explique lo que está pasando con la construcción del nuevo centro hospitalario.
Ha recordado también que en 2015, a la salida del PP y el PAR del Gobierno de Aragón, había proyecto y dinero y hoy el nuevo hospital sería "una realidad a punto de inaugurarse".
Susín ha subrayado que, gracias a quienes venían a "salvar" la sanidad y a construir un hospital "cien por cien público", la realidad es que a febrero de 2018 Alcañiz sigue sin ver comenzadas las obras, únicamente con "un cartel puesto en un solar" y "una piedra que se enterró y desenterró después de hacerse la foto".
En su opinión, la responsabilidad política es de quien en 2015 encabezaba "la pancarta" al proyecto anterior y hoy es incapaz de poner más de una piedra, en referencia al consejero.
En este sentido, ha preguntado "dónde va el dinero de los aragoneses" a los que "están sangrando a impuestos", también el de los bajoaragoneses, que siguen con un hospital "viejo".
Ha acusado también al Ejecutivo autonómico de que "cada vez que toca algo lo que hace es fastidiarlo", ya que no han sido capaces de iniciar ni siquiera las obras de este hospital que decían que era "inmediato".
Los turolenses y los bajoaragoneses no pueden ser "paganos" de un Gobierno que se está olvidando de esta provincia, ha agregado.
La parlamentaria popular no ha valorado la controversia entre el Departamento de Sanidad y la empresa OHL-Dragados, ya que no tiene datos más allá de los que ha dado el consejero en la tribuna, pero ha insistido en que la posible rescisión tiene como responsable al Gobierno, que es el que ha gestionado un contrato que "va a costar mucho dinero a los aragoneses".
