La diputada del PP Aragón, Marian Orós, ha pedido este lunes al Gobierno autonómico que pague a las empresas que gestionan las residencias de personas mayores las cantidades que les adeuda desde el pasado mes de mayo por las plazas concertadas.
Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que "ya no valen las buenas palabras, pedimos al Gobierno de Aragón que se implique de verdad", insistiendo en que el Ejecutivo debe pagar los conciertos.
"No se puede permitir que las residencias vayan a afrontar este rebrote en una situación de debilidad porque la DGA no se ha implicado", ha lamentado, manifestando que el PP apoyará todas las medidas que plantee el Ejecutivo, "pero que las plantee ya".
"Después de lo vivido no podemos volver a caer en los mismos errores", ha considerado Marian Orós, quien ha apuntado que ocho de cada diez personas que vivían en residencias entre marzo y abril, al inicio del confinamiento, se encontraban solas. También se ha quejado de que la atención primaria y hospitalaria "eran bastante precarias".
Ahora "tienen miedo", ha avisado la diputada del PP, quien ha puesto de relieve el trabajo realizado por el grupo parlamentario para proteger a este colectivo, como la propuesta de elaboración de un plan de choque, presentada en abril, y la de realizar test PCR de forma masiva a los residencias y trabajadores, así como conceder ayudas directas a las residencias y se les compensara. Estas ayudas directas, prometidas por el Ejecutivo en mayo, "no han salido".
"No se han hecho los deberes y la situación es preocupante", ha considerado Marian Orós, indicando que han hecho acopio de material de protección a un precio elevado y que los test se siguen realizando de forma selectiva, no masiva.
También ha exigido al Ejecutivo autonómico que actúe con una mayor transparencia ya que está dando "información bastante escueta", subrayando que las residencias son "uno de los elementos más débiles". Actualmente, unas 22.000 personas mayores viven en residencias.
