PP y PSOE se han puesto hoy de acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno una reforma de la financiación autonómica que garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos, corrija los déficit financieros desde la solidaridad territorial y defina mecanismos de compensación de deuda.
La unión de ambos grupos en este punto que se ha debatido hoy en la Comisión de Hacienda del Congreso ha propiciado que salga adelante una proposición no de ley a la que se ha sumado también Ciudadanos. Los 26 votos a favor registrados han superado con creces las ocho abstenciones de los representantes de Podemos, PDeCAT, ERC y PNV.
El PP había registrado una iniciativa de dos puntos, uno de los cuales pedía al Gobierno que siga desarrollando medidas para "culminar con éxito" el acuerdo que sobre la reforma del modelo de financiación autonómica se había alcanzado en la Conferencia de Presidentes del pasado enero.
En ese acuerdo, y a instancias de algunos presidentes de comunidades en las que gobierna el PSOE, se marcó además un calendario, y así, se fijaba "finales de año" como tope para intentar conseguir el consenso.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Senado, recalcó que la voluntad del Gobierno es ajustarse a esos plazos, y no sólo: avanzó que quiere que los resultados de los trabajos de los grupos de expertos ya creados se incluyan, como base orientativa, en el proyecto presupuestario de 2018.
No es la primera vez que en el Congreso se debate acerca de la reforma del modelo de financiación autonómica, proceso que efectivamente ya estudian los expertos designados por el Gobierno y las comunidades autónomas, menos Cataluña.
En algunos puntos habían coincidido PP y PSOE, pero hoy ambos partidos han logrado ponerse de acuerdo en todos.
Además de cumplir el acuerdo de la Conferencia de Presidentes, el PP solicita en su iniciativa original el impulso, "como elemento básico del estado de bienestar", a una reforma del sistema que garantice el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones, viva donde viva el ciudadano, y "desde el mayor consenso posible" entre los partidos.
Sobre estos dos puntos a los que ha instado el PP no ha habido matices, pero sí en otros añadidos como consecuencia de una transaccional de populares y socialistas.
Así, han acordado pedir al Gobierno que, con la equidad y la suficiencia como pilares, el nuevo modelo corrija los déficit de financiación de las comunidades sin que queden en entredicho "la autonomía, la coordinación y la solidaridad" consagrados en la Constitución española.
También han coincidido en exigir que el grupo de expertos analice cómo han afectado a la deuda autonómica estos "déficit de financiación", proponiendo, llegado el caso, "mecanismos de compensación", que es algo que recoge la vigente Ley, la LOFCA.
