El grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza no ha logrado hoy sacar adelante su propuesta para que el pleno rechazara cualquier intento de regulación que favorezca el acceso y consumo de cannabis en la ciudad, ya que el resto de los grupos han votado en contra.

El concejal del PP Pedro Navarro se ha basado para justificar su propuesta entre otros, en el último estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre comportamiento adolescente que sitúa a los jóvenes españoles entre los que más consumen cannabis.

O que según la Encuesta Estatal sobre uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias, del Plan Nacional sobre Drogas, el 70 % de los jóvenes tiene fácil acceso al cannabis y lo consigue en menos de 24 horas, y que donde mayor consumo hay es en las comunidades donde son más permisivas con los locales de consumo.

A pesar de los datos, el PP critica que el consejero de Urbanismo y Sostenibilidad haya convocado una reunión con el resto de grupos para "analizar las propuestas relacionadas con la regulación urbanística relativa a las asociaciones o clubes sociales de cannabis en Zaragoza, incluyendo la posibilidad de redactar y aprobar una ordenanza urbanística al respecto".

Una reunión que, ha recordado, se hizo a propuesta de una representación de las asociaciones que organizan una conferencia estatal sobre consumo responsable de cannabis.

Hecho que ha llevado a Navarro a reprochar el "trato de favor" del equipo de Gobierno con determinadas organizaciones a las que cede espacios o concede subvenciones como Azofra, la que organiza el Guillotina Fest o San Canuto.

Navarro ha calificado el debate de "hipócrita" porque se ha preguntado "si alguno quiere un club de estos debajo de su casa" y ha dicho a Pedro Santisteve que, "como alcalde, su obligación es evitar un trato de favor y un conflicto de intereses", que es lo que a su juicio se produce con esta ordenanza, además de que "trasladaría un mensaje de tolerancia a las drogas".

El portavoz de Zaragoza en Común, Pablo Muñoz, ha calificado la moción de "ruido" porque no se está hablando de regulación y posición política sino que lo que se hace es "negar a priori el diálogo y la capacidad de plantear una estrategia" cuando, a su juicio, la regulación supone "mayores garantías, menores molestias y más convivencia".

Aunque para la socialista Lola Ranera este debate no es prioritario, ha anunciado su voto en contra de la iniciativa por el planteamiento radical de rechazar cualquier tipo de regulación.

Ranera ha informado de que la ley no prohíbe consumir en casa sino la tenencia, el tráfico y el consumo en vía pública y que cualquier política restrictiva "lo que hace es favorecer el consumo", por lo que se ha mostrado partidaria de presentar una ponencia nacional, donde se marquen las políticas y se garantice la salud.

Cristina García, de Ciudadanos, también cree que la regulación es "el camino", tanto para evitar facilitar el acceso al mercado negro o garantizar la calidad del producto que se consume, pero "obligatoriamente acompañada de medidas de concienciación e información"

Según García, la ordenanza establecería un régimen de distancia a equipamientos educativos, sanitarios o deportivos y también entre ellos, una edad mínima de acceso de 21 años o la inspección de los locales, entre otros.

La concejala de CHA, Leticia Crespo, ha reconocido que el consumo de estas sustancias es cada vez más habitual y como cargo público, madre, persona vinculada a la docencia y como ciudadana le "preocupa mucho", si bien, ha advertido de que "hay asuntos que aunque se metan debajo de la mesa no desaparecen".

"Es una realidad y cerrar los ojos es engañarse", ha señalado Crespo, quien ha insistido en que es un asunto que hay que abordar y la forma "no es con censura ni prohibición", sino "con regulación e información" porque sin ella supone que "siga existiendo pero sin norma".