La pertinencia de un debate amplio sobre el Pacto del Agua parece compartida por todos los grupos presentes en las Cortes de Aragón, con la excepción del PP, que considera que el proceso «frívolo e irresponsable». Sin embargo, el consejero de Agricultura de la DGA, Joaquín Olona, respondió que no hacerlo podría implicar «perder la legitimidad de los acuerdos históricos» por los que se ha regido la política hídrica en la comunidad.
El portavoz popular en la comisión del ramo, Ramón Celma, rechazó esta argumentación al señalar que se está produciendo «incertidumbre» en buena parte de la población. «No estamos hablando únicamente de obras hidráulicas, estamos hablando del medio de vida de miles de agricultores», consideró al defender que el agua «es un medio de vida» y que el pacto cerrado en 1992 (y revisado en el 2006) había logrado que no fuera un motivo de «confrontación permanente».
Sin embargo, desde el Gobierno de Aragón creen necesario abordar este proceso de debate atendiendo a la nueva realidad política de la comunidad. «Es evidente que existe un conflicto con el agua, por eso lo tenemos que abordar», manifestó Olona.
CIERRE EN FALSO
Desde el Ejecutivo autonómico destacó que el Pacto del Agua de 1992 fue «un gran logro social» que ha permitido sacar adelante más de 75 obras hidráulicas por un valor de 1.800 millones de euros. Sin embargo, en el 2006 se cerraron «en falso» algunos debates como el de Biscarrués. «Aquella situación nos ha traído a esta mesa», indica. De hecho, este mismo mes se ha dado a conocer que el Tribunal Supremo ha empezado a deliberar sobre el recurso presentado por la comunidad de Riegos del Alto Aragón contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el anteproyecto y su estudio de impacto ambiental.
Por parte de Ciudadanos, Ramiro Domínguez mostró su inquietud por que el diálogo sea solo «una excusa» para que pasen tres años y medio «mareando la perdiz» sin llegar a ningún acuerdo. Consideró que las posiciones políticas son «antagónicas», algo que aceptó el propio Olona. «La disparidad de criterios en la DGA es la misma que en la sociedad, por eso estamos obligados a buscar un acuerdo», señaló.
El portavoz de Podemos, Nacho Escartín, justificó la actualización de la planificación en que «las normativas y las condiciones climáticas son diferentes». Además, rechazó que haya grupos completamente en contra de las obras de regulación, aunque pidió «rigurosidad» y abrir el debate a más asuntos como «las retiradas voluntarias de regadíos que no funcionan».
