El grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza solicitará un consejo extraordinario de la Gerencia de Urbanismo para "desatascar" el derribo de los bienes no catalogados de la antigua fundición Averly y otros proyectos de inversión que "bloquea" el Gobierno de Zaragoza en Común.

Así lo ha anunciado hoy el concejal del PP Pedro Navarro con motivo del auto de "reprobación judicial" del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por el que desestima la petición de medidas cautelares que había realizado Zaragoza en Común para frenar la concesión de licencia de derribo en de Averly, informan fuentes del grupo popular en una nota de prensa.

Además del consejo extraordinario de Urbanismo, el PP tratará de impulsar con el resto de los grupos de la oposición una moción de urgencia para su debate en el pleno de mañana sobre los "perjuicios" que, según este grupo, "está ocasionando el urbanismo ideológico" del alcalde, Pedro Santisteve, y del responsable del área, Pablo Muñoz.

Según Navarro, el auto del TSJA acusa a Santisteve y a su equipo de gobierno de "fraude procesal" por defender los intereses del demandante cuando era el Ayuntamiento de Zaragoza el demandado y censura además que "pretendan liberarse de su obligación de tramitar la licencia".

El PP ha reprochado a ZeC que "ni gobiernan ni quieren gobernar", demostrando su "soberbia, su inexperiencia y su falta de aptitudes".

Navarro ha exigido al responsable de Urbanismo y al propio alcalde "que pidan perdón por todo el daño económico y patrimonial que están causando al ayuntamiento" y que paguen las costas a las que condena el juez, ya que "ésta es una nueva utilización de los medios públicos con fines partidistas, que no están al servicio de ZEC ni del alcalde".

El edil popular ha recordado que la concesión de este tipo de licencias es un procedimiento reglado, razón por la que ha pedido que se cumpla la ley.

En este sentido, ha insistido en que la pregunta que hay que hacer a estas alturas y conociendo el auto del TSJA es si "lo que pretende el Gobierno es prevaricar y causar un daño patrimonial al ayuntamiento".

También ha criticado los perjuicios que ZeC está produciendo a la "credibilidad" de la ciudad al bloquear propuestas de inversión y creación de empleo y ha asegurado que "nunca han querido salvar Averly, sino dilatar el proceso, como demuestra el hecho de que en el presupuesto municipal no hay un solo euro para expropiarla".