El Presidente de Aragón ha inaugurado el curso universitario 2017/2018, el primero que rebaja el precio de las matrículas en toda su historia, además de incrementar el número y cuantía de becas (4 millones y 2400 beneficiarios). Javier Lambán valora que estas medidas garantizan una universidad más accesible a todos los aragoneses, cuyo único límite será su propio talento.

Lambán también ha puesto en valor el momento que atraviesa la Universidad de Zaragoza, una vez alcanzado el acuerdo con el Gobierno de Aragón para mejorar la situación financiera de la institución académica, con un plan plurianual aprobado para diversas inversiones.

Además se abre una nueva etapa con una nueva Ley del Sistema Universitario Aragonés que reemplazará a la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón de 2005 y cuyo borrador y proceso participativo se llevará a cabo este mismo año. Con ello, el presidente aragonés ratifica el compromiso del ejecutivo con la universidad para que esta sea el baluarte indispensable para que Aragón sea una comunidad puntera en la economía del conocimiento.

La financiación básica de la Universidad de Zaragoza ha pasado de 143 millones de euros en 2015a 158 millones en 2017 y gracias al acuerdo de financiación alcanzará los 162 millones en 2020.

Por primera vez, se ha llevado a cabo una reducción en los precios de la Universidad de Zaragoza. En el curso 17/18 se un promedio del 7% en los estudios de grado, alcanzado al 100% de los estudiantes de grado. A través de una propuesta más justa, equitativa y racional, una matrícula media pasa de 1208 euros a 1145. Ya en el curso 16/17 se redujo un 20% el precio de los másteres no habilitantes, pasando de costar 2808 euros a 2244.

El Presidente de Aragón ha destacado que, junto al precio de las matrículas, este gobierno ha conseguido poner en marcha en dos años nuevas líneas de ayudas que multiplican por cuatro la cantidad destinada en toda la legislatura anterior y por dos el número de beneficiarios. Además de las becas Erasmus+, se han puesto en marcha las ayudas de máster estratégico para potenciar la cualificación profesional de nuestros estudiantes universitarios aragoneses y que suponen 1’2M€ anuales y se han creado las becas movilidad para compensar a las familias por el gasto extra que supone el desplazamiento de sus hijos a campus alejados de sus domicilios, lo que contribuyen sin duda a potenciar la vertebración del territorio.

Y finalmente se compensa a la UZ con 600.000 euros para unas líneas de becas que, entre otras actuaciones, persiguen ayudar a los estudiantes con menor renta, atender a aquellos casos de extrema dificultad por situaciones familiares sobrevenidas (paro, enfermedad o fallecimiento de los progenitores), apoyar a los alumnos con necesidades especiales (discapacitados), etc. En total, en estos dos años se destinan 4 millones de euros de los que 2400 universitarios son los beneficiarios directos de estas ayudas.

En cuanto a infraestructuras, se han invertido ya 5 millones de euros y se alcanzará en total un mínimo de 12´5 hasta 2020. Mención especial merece la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras que el Gobierno de Aragón tiene previsto financiar en torno a los 23 millones de euros. Los presupuestos de 2017 incluían por primera vez una partida de 240.000 euros, para la obra.

Esta legislatura, según recuerda Lambán, es la del diálogo y el pacto y fruto de ello, Aragón es la primera comunidad que cuenta con un Pacto por la Ciencia, rubricado en diciembre. La consecuencia directa de ese Pacto es la nueva Ley de Innovación e Investigación de Aragón, que está en sus trámites finales, ya que ha pasado la fase de información pública recogiendo las aportaciones de todos los departamentos del ejecutivo y de los interesados. Actualmente está pendiente del dictamen de los servicios jurídicos para llevarla a las Cortes en el próximo trimestre y que esté aprobado antes de fin de año.

Será una ley que actualiza la de 2003, que armoniza su contenido con la legislación estatal y adapta sus contenidos al Espacio Europeo de Investigación. Pretende garantizar un modelo de financiación estable por parte del sector público y buscar fórmulas de colaboración con la iniciativa privada, entre ellos el crowfounding o el mecenazgo. También algo muy importante para los investigadores ya que les otorga una categoría profesional que les permita la movilidad en Europa.

La apuesta del Gobierno por la investigación y la innovación es clara. Se han recuperado las convocatorias para contratos de investigadores a través de ARAID. Además se tiene en cuenta a los grupos e institutos de investigación como actores principales a la hora de realizar una transferencia directa de la investigación al sector empresarial.

El presupuesto para grupos ha pasado de los 2 millones de 2015 a 3 en 2017. A institutos ha pasado de 750.000 en el 15 y ahora son 1.150.000 euros. La propia Dirección General de Investigación e Innovación ha incrementado su presupuesto un 64%.