El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, Eugenio García, ha pedido la dimisión del consejero de Agricultura, Modesto Lobón, y de la presidenta de la Diputación de Teruel, Carmen Pobo, por su inacción ante las "irregularidades" en anteriores mandatos del Consejo.

A su entender, tanto el consejero como la presidenta de la Diputación de Teruel conocían la situación de las cuentas de la Denominación y no han actuado hasta ahora.

Respecto al consejero, García ha asegurado hoy en una rueda de prensa que "las irregularidades las conocía su Departamento", y por ello "si no lo sabía es un incompetente, y si lo sabía y no hizo nada al respecto, tiene otro nombre".

Ha acusado a Lobón de posponer los contratos agrarios y ha pedido su "dimisión inmediata" porque "no conoce el territorio, es un hombre de despacho, no tiene sensibilidad".

Le ha reprochado además que no se haya reunido con él en los últimos cuatro meses y que anunciara a los medios de comunicación la decisión de comenzar el procedimiento de disolver el Consejo y nombrar una junta gestora antes que al propio presidente.

La polémica saltó después de que la pasada semana anunciaran su dimisión la mitad de los miembros del Consejo por estar en desacuerdo con la gestión del presidente, quien contestó que con esa medida los dimisionarios pretendían frenar la auditoría que aclare las "irregularidades" en la gestión de los últimos años.

Sobre la presidenta de la Diputación y presidenta del Partido Popular en Teruel, Carmen Pobo, García ha dicho que ha actuado con "cinismo" y que "sufre memoria selectiva".

Ha apuntado que él mismo explicó a la presidenta las "irregularidades" y por ello la ha acusado de "inacción" y de ser "conocedora, yo diría colaboradora necesaria, en estos asuntos".

García ha vuelto a reprochar que el exdirector gerente, Fernando Guillén, y también el director de certificación cobraran sueldos que no eran acordes para la situación económica de la entidad, con una deuda bancaria que supera los 400.000 euros, y ha explicado que el Consejo está recibiendo facturas de 2012 que todavía no se han pagado.

A preguntas de los periodistas, ha negado que tenga ninguna afiliación política.

Además, ha vuelto a rechazar la decisión del Gobierno de Aragón de disolver el Consejo y ha defendido que lo que se debe hacer ahora es convocar el pleno para que tomen posesión como vocales los siguientes en la lista.