El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, suspendió el jueves de forma cautelar el proceso selectivo para cubrir 27 plazas de bombero a raíz de la presentación de un recurso de alzada de uno de los candidatos, Luis Sánchez Torralba, quien es hermano de un cargo de la institución provincial, Gregorio Sánchez Torralba, coordinador del Gabinete de Presidencia.
Fuentes de la institución consultadas a este respecto ni confirmaron ni desmintieron que exista un vínculo de parentesco cercano entre la persona que impugnó la prueba y uno de los miembros del organigrama del ente provincial.
«La decisión se ha tomado siguiendo un criterio de precaución», señalaron las mismas fuentes. «Mejor esperar a que se resuelva el recurso de alzada que seguir adelante con el proceso selectivo y que luego haya que dar marcha atrás», precisaron.
Asimismo, añadieron que la suspensión cautelar del proceso «no prejuzga ni determina nada sobre el fondo del asunto». Ahora, continuaron, «habrá que ver si se acepta o se desestima el recurso atendiendo a lo que digan los informes jurídicos».
La paralización de la prueba se produjo mediante la firma de un decreto que Sánchez Quero emitió tras consultar a la Secretaría General de la DPZ. El recurso en cuestión, señaló ayer la diputación en una nota de prensa, alega que una de las pruebas incluidas en el proceso selectivo (la de aptitud para trabajos en espacios confinados) «incurrió en una causa de nulidad de pleno derecho porque no cumplió las bases establecidas en la convocatoria». En el mismo recurso, el aspirante solicitaba la suspensión cautelar de la oposición «para evitar los perjuicios que se podrían causar a todos los opositores si la prueba siguiera adelante».
El propio decreto del presidente de la Diputación de Zaragoza especifica que, para poder resolver el recurso, el presidente de la institución necesita que el tribunal de la oposición le remita el recurso, su informe al respecto y una copia completa del expediente. Según la DPZ, la postura adoptada obedece a «un principio de prudencia» y se basa en lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».
Otra oposición impugnada
No se trata de la primera vez que un proceso selectivo para el equipo de extinción de incendios de la DPZ se ve envuelto en un problema de tipo legal. En el 2017, 23 aspirantes a bomberos, de un total de 457, solicitaron la anulación del primer ejercicio por supuestas irregularidades en la formulación de las preguntas. El asunto llegó al pleno de la institución, que con los votos de la oposición aprobó una moción de En Común en la que se pedía revisar las oposiciones para determinar si se habían atenido a lo marcado por las bases. El asunto llegó asimismo a la vía judicial, primero por vía penal, con el presidente Sánchez Quero acusado de tráfico de influencias, pero el juez archivó la causa, que siguió en el ámbito contencioso.
