Los presidentes de las audiencias provinciales de toda España han concluido en Zaragoza unas jornadas en las que han acordado una serie de propuestas dirigidas a reforzar los órganos judiciales, agilizar los macroprocesos con piezas separadas y limitar los plazos de suspensión de un juicio.

Las conclusiones, que serán remitidas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han sido avanzadas en una rueda de prensa por los presidentes de las Audiencias Provinciales de Zaragoza, de Barcelona y de Madrid, Julio Arenere, Pablo Llarena y Eduardo Porres, respectivamente.

Julio Arenere ha indicado que se ha tratado el nuevo estatuto de la víctima, en el que lo fundamental, ha remarcado, debe ser "que la víctima sea víctima del delito y no del proceso", y el grave problema que plantean los macrojuicios en las audiencias, que llegan a paralizar algunas secciones durante muchos meses.

Sobre estos procesos, los jueces plantean la posibilidad de tramitar piezas separadas sobre los tipos de delito y las personas que hayan podido incurrir en ellos, ante los miles de documentos que conllevan y la pluralidad de delitos y acusados, y establecer una audiencia preliminar que encauce el camino procesal salvaguardando los derechos del justiciable.

Los presidentes de las audiencias también han debatido los grandes problemas de la documentación judicial, como la falta de instrucción de los sumarios, que a veces llegan con grabaciones sin transcripción, y con problemas judiciales de apreciación de prueba.

Las suspensiones de juicios cuando ya están señalados ha sido una de las cuestiones más importantes en las jornadas. "Es lo que peor nos sabe a los jueces", ha dicho Arenere, porque supone duplicar el trabajo y puede llegar a constituir "un fraude de carácter procesal" cuando un cliente renuncia a su abogado o viceversa.

Ante esta situación, los presidentes estiman que es suficiente dar un plazo de cinco días a partir del escrito de calificación de la defensa o de la notificación del señalamiento del juicio para comunicar la renuncia y, una vez cumplido, plantean que no se acepten porque "conlleva importantes problemas".

"Suspender un juicio dos días antes, la verdad es que nos produce serios, serios problemas", ya que, ha argumentado Arenere, retrasa la administración de justicia, perjudica al justiciable y a la citación de los testigos.

En las jornadas se ha debatido también la modificación de ley de enjuiciamiento criminal, aunque no está en un horizonte cercano, en la que, según ha dicho el presidente de la Audiencia de Barcelona, con una serie de retoques se agilizarían mucho los procesos.

Aunque no era objeto de esta reunión el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los presidentes han hecho sugerencias respecto a nuevas formulas de refuerzo de los tribunales, mediante jueces en comisión de servicio, sin ser relevados de sus funciones, o mediante jueces de adscripción, que no tienen un destino concreto, ha explicado Pablo Llanera.

Se trataría, ha precisado, de crear dos grupos de jueces, uno destinado a las sustituciones y refuerzos en los tribunales de instancia y otro de mayor experiencia que pudiera asumir esas funciones en los órganos judiciales de apelación o segunda instancia.

Los presidentes, aunque lo han tratado, no han hecho un posicionamiento general sobre la posible desaparición de las audiencias provinciales, aunque sí han estado de acuerdo en expresar su preocupación en la medida en que han funcionado perfectamente hasta la actualidad, ha dicho Arenere.

Por último, han apelado a asegurar el funcionamiento judicial cuando se celebra un juicio con jurado, ya que se paraliza al incorporarse al mismo el magistrado presidente y el secretario, y a mejorar la comunicación para hacer compatibles las garantías de un juicio justo y los derechos de los imputados con el derecho a la información.