Rogia logró evitar ayer el tercer intento de desahucio, iniciado por su exmarido. Gracias al apoyo de Stop Desahucios y al medio centenar de personas que bloquearon la entrada de su vivienda en Tarazona, se paralizó el desalojo hasta nueva orden de los juzgados.
La mañana tuvo una de cal y otra de arena. A primera hora, cuando Rogia ya tenía las maletas preparadas en el salón para abandanar la casa, el Juzgado de Instrucción de Tarazona denegó su solicitud para acogerse al convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la DGA y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) que tiene como propósito paralizar los desalojos. "La única esperanza que quedaba", dijo el representante de Stop Desahucios, Fernando Escribano.
Según la secretaria judicial, apoyada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), este acuerdo solo se aplica en casos de desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias o por impago de rentas de alquiler. En el caso de Rogia, el desalojo es un procedimiento precario. No le debe nada a los bancos. Y la vivienda no es suya.
A las 11.40 horas, Rogia acudió al juzgado junto a varios miembros del colectivo para presentar un recurso de reposición con la esperanza de que se anulase el desahucio. Veinte minutos después, a las 12.00 horas --como estaba previsto--, llegaron dos funcionarios acompañados de la Guardia Civil para proceder al desalojo. También se personó la abogada de su exmarido y propietario de la casa, María del Mar Martínez. En ese momento Rogia no se encontraba en su casa --estaba en los juzgados-- y un grupo de unas 50 personas bloqueó la entrada del portal de su vivienda.
No hubo incidentes. El acto tan apenas duró un minuto. El colectivo recurrió a sus cánticos de "sí se puede" y los funcionarios no trataron de entrar en la casa. Se limitaron a esperar en la calle la llegada de Rogia, que fue recibida entre aplausos. Tras preguntarle: "¿Quiere abandonar de forma voluntaria la vivienda?" y escuchar su respuesta: "No", le anunciaron que se aplazaba el desalojo por falta de efectivos para poder efectuarlo, hasta nueva orden judicial. Eran las 12.20 horas.
EL PROPIETARIO
Los aplausos volvieron a resonar en la calle Grupo Inmaculada de Tarazona. No ocurrió lo mismo en el piso de alquiler de Ahmed Ibrahim. Su abogada, María del Mar Martínez, denunció que la "víctima" era su cliente que llevaba "un año y siete meses sin poder entrar en su casa" y seguía pagando la hipoteca de la residencia donde vive su hija.
Sobre Ahmed pesa una orden de alejamiento por violencia machista desde el 20 de mayo del 2013. Martínez añadió que Rogia también está imputada por el mismo caso. Desde que se emitió la orden, Ahmed no ha accedido a la casa. Fue el 3 de marzo del 2014 cuando se interpuso la demanda para iniciar los trámites del desahucio y fue admitida a trámite el 26 de mayo del 2014. Esta era la tercera vez que se procedía al desalojo.
El TSJA desmintió ayer que el juzgado de Tarazona haya emitido una resolución otorgándole a Rogia el uso y disfrute de la vivienda, ni que haya establecido un alquiler para ello, como apuntó Stop Desahucios.
También informó de que Rogia no comunicó su intención de ausentarse de la localidad para ir a Sudán en busca de su hija este verano, como explicó la propia afectada. Un hecho del que debería haber informado "obligatoriamente" para poder cumplir con la orden de alejamiento. Tras varias citaciones de los juzgados para seguir adelante con el procedimiento de desahucio --de las que no tuvo constancia al estar en Sudán--, fue puesta en rebeldía y los trámites siguieron su cauce hasta ayer. Por ahora, seguirá en la vivienda hasta un posible y nuevo desalojo.
