Las macrorredadas en el zaragozano barrio de El Gancho van a ser constantes. Una respuesta policial avalada por la Delegación del Gobierno de España en Aragón que ve en estos operativos «un instrumento disuasorio» de la delincuencia. Las quejas de los vecinos, unidas al incremento de denuncias y atenciones y los informes realizados por la Jefatura Superior de Policía, que consideran esta zona de San Pablo y Pignatelli como un punto crítico de criminalidad en comparación con el resto de distritos, así lo justificarían, según fuentes de la Subdelegación que, a su vez, rechazaron dar cualquier tipo de estadística que avale esta teoría y alegan «cuestiones de seguridad».
El último operativo desplegado en la zona, el pasado jueves por la tarde-noche concluyó, con 263 identificados. De todos ellos, solo uno fue detenido porque estaba quebrantando una orden judicial de alejamiento con respecto a una menor; otros cinco fueron trasladados a Extranjería y además se levantaron cinco actas de drogas y una por tenencia ilícita de armas. Asimismo, se inspeccionaron siete edificios okupados y cuatro puntos de venta de estupefacientes fueron desarticulados.
Que fueran identificados dos centenares de personas que estaban fichados policialmente es lo que lleva a los responsables de estos dispositivos a pensar que existe «una percepción de impunidad», que verían en El Gancho un refugio. Sin ir más lejos, horas antes de la redada eran detenidos allí dos hombres, después de haber atracado a una joven de 21 años en la puerta del IES Santiago Hernández. Le amenazaron con meterle un puñetazo si no le daban el teléfono móvil que llevaba entre manos. Ayer pasaron ante el Juzgado de Guardia de Zaragoza, cuyo magistrado acordó la prisión provisional para ambos, identificados como J. B. y M. B., con antecedentes similares y en situación irregular en España. El arrestado en la macrorredada, M. K., quedó en libertad. Tiene en su haber varios robos con fuerza.
Pero, ¿qué lleva a la Policía a activar un dispositivo de estas características? Las mismas fuentes destacan que existe una labor previa de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que realiza vigilancias y que da el visto bueno cuando observa que el número de fichados policiales es alto. Una razón más que redundaría en la idea de que estas macrorredadas buscan el efecto disuasorio.
Una agente con un perro policía, esta semana en El Gancho. FOTO: ÁNGEL DE CASTRO
Y es que la organización de los operativos radica exclusivamente en la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Tanto en el cuándo como en el cómo. En el último no participó el helicóptero, que otras veces ha perseguido intentos de fuga por los tejados, pero sí un nutrido grupo de efectivos pertenecientes a la unidad canina, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la motorizada conocida como los Centellas. La razón de ello radica, según estas mismas fuentes consultadas, en la seguridad. Lo marca la orografía, pero también que no haya posibilidad de una emboscada a los agentes en el que alguno de ellos su vida corra peligro.
En los últimos 30 días, el barrio de El Gancho ha sido objeto de dos operativos especiales de Seguridad Ciudadana. El primero, en el que se identificaron a 370 personas y 5 fueron detenidas. Accedieron a edificios okupados y narcopisos e intervinieron drogas, armas blancas y efectos robados. Fue la respuesta al hombre que fue abatido tras encañonar a unos policías y amenazar a viandantes con una persona. En ese laxo de tiempo también hubo la detención de tres okupas que arrojaban tejas a la calle desde los tejados y un robo violento entre dos prostitutas.
La opinión de los vecinos
Y todos estos sucesos y su respuesta por parte de la Policía y las autoridades está generando una brecha en la opinión pública del barrio, puesto que no todos los vecinos ven con buenos ojos la forma en la que se está actuando.
Es el caso de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, cuyo presidente Eddy Castro pone en duda los resultados que están teniendo las macrorredadas. «Allí donde se cometan delitos y cuando se cometan tiene que intervenir la Policía, eso no lo discutimos. Pero este tipo de actuaciones solo amplían el problema», asegura, refiriéndose a las intervenciones de carácter «preventivo», puesto que dan un imagen del barrio «que no se corresponde». «300 policías, helicóptero, y más unidades para detener a una sola persona. No se entiende», añade Castro.
Según esta asociación vecinal, la solución del problema debe comenzar por atacar a la raíz del mismo, que no es otro que «la marginalidad» y las dificultades para acceder a una vivienda «digna». «La delincuencia es una consecuencia del problema de base y este se debe combatir con más acciones sociales y a través del trabajo comunitario», explica Castro. Para el presidente de esta entidad, deberían reforzarse programas como el Plan Integral del Casco Histórico (PICH), «que está de retirada». Además, sobre la regeneración urbanística anunciada por el consistorio, Castro dice que se muestran a favor y que es necesaria, aunque temen «que se utilice para especular».
«Los que no tenemos nada que ocultar estaremos encantados de entregar el DNI e identificarnos 40 veces al día si hace falta»
En el polo opuesto se encuentra Marisa Verde, de la asociación vecinal Zaragoza Antigua. «Nos parece fenomenal -dice en referencia a las intervenciones de la Policía-. Si esto se hubiera hecho antes no hubiéramos llegado donde estamos ahora. La situación en el Casco Histórico es caótica». Verde insiste también en que una mayor presencia de los cuerpos de seguridad del Estado no interfiere en los derechos de los vecinos del barrio. «Los que no tenemos nada que ocultar estaremos encantados de entregar el DNI e identificarnos 40 veces al día si hace falta», afirma con rotundidad.
El problema con la delincuencia, explica, no es puntual ni se limita a ciertos días de la semana. «Cualquier día tenemos miedo de salir por la puerta de nuestras casas», cuenta y asegura que desde su asociación se muestran a favor de atender a las personas sin recursos. «La gente humilde no es el problema, lo es la gente poco decente», zanja.
