El informe provisional de la Cámara de Cuentas relativo a la ejecución del presupuesto del 2011 del Ayuntamiento de Zaragoza desató ayer las iras en el Gobierno municipal de la capital aragonesa. Un documento que ni siquiera había pasado el trámite ordinario de recibir réplica del consistorio y que destaca, entre sus conclusiones, que las cifras se maquillaron para ocultar más de 355 millones de euros de gastos. Que los 7 millones de pérdidas que reconoció el consistorio en su liquidación, en realidad deberían haber sido más de 362. O que hay un buen número de contratos en los que, como mínimo, falta información. Acusaciones muy graves que el Gobierno de Juan Alberto Belloch achacó a la "utilización política" de un órgano de fiscalización que debe ser imparcial.

Un terremoto institucional que no alivió el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguarta, pese a manifestar su malestar ante la filtración de lo que es "un informe provisional", publicado por Heraldo, que está aún en fase de alegaciones, por lo que, según indicó, no se puede decir que los datos que emplea el PP para arremeter contra el Gobierno municipal sean "un dictamen de la Cámara".

DISCULPAS Laguarta, que ayer comparecía en las Cortes para dar cuenta de las subvenciones concedidas por la DGA en el 2011 y explicar el dictamen de las cuentas de la Universidad de Zaragoza de ese año, aprovechó su intervención para aclarar que el contenido de ese documento solo lo conocían los miembros de este órgano fiscalizador y el Gobierno de Zaragoza, ya que tiene que presentar todavía las alegaciones al informe remitido. Por ello, pidió disculpas y reiteró que el primer enfadado --los grupos de la oposición en las Cortes le expresaron su malestar-- por la difusión de un documento aún privado era él mismo.

Precisamente indicó que había recordado a sus empleados que uno de los principales imperativos de los integrantes de la Cámara es el secreto profesional, y anunció su intención de investigar para conocer el origen de la filtración. En cualquier caso, indicó los pocos medios que tiene para iniciar una investigación de este tipo, así como la dificultad que acarrea dar con el responsable, a quien sancionaría, señaló, si fuera posible. Por este motivo, sugirió la posibilidad de reformar la ley que regula a esta institución.

Pero el Gobierno de Zaragoza ya trabaja contrarreloj para dar cumplida respuesta a un informe que, aunque provisional, ha puesto en tela de juicio la veracidad del que hizo el interventor para la liquidación de ese ejercicio y que, en su día, recibió el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Así, el vicealcalde, Fernando Gimeno, lamentó que la Cámara de Cuentas "se vea en este lío" y sostuvo que tiene "absoluta confianza" en sus técnicos, que serán quienes aleguen.