El presupuesto de 2016 no incluyó dotaciones suficientes para hacer frente a la actividad de la comunidad por 462 millones de euros, de los que 355 corresponden al Salud (38 de personal, 276 de gasto corriente y 41 de receta farmacéutica) y 87 a Educación para pagar las nóminas del personal docente (64 millones) y la educación concertada (23 millones).

Hoy, la Cámara de Cuentas ha hecho público el informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma, que ha auditado las trece entidades principales de la comunidad, que representan al 97 por ciento del personal, el 97 % de los gastos y el 85 % del activo del total del sector público autonómico.

En él se ponen de manifiesto algunos incumplimientos "significativos" en el ejercicio de 2016, el primero completo que gestionó el Gobierno PSOE-CHA.

Uno de los principales, la citada insuficiencia presupuestaria en 462 millones, que además de al Salud y al Departamento de Educación alcanza también a los programas de carreteras y transportes (5 millones), a remuneraciones a agentes mediadores e independientes (5 millones), a la deuda por el IBI de ejercicios anteriores (6 millones) y a los programas de protección y promoción de la salud (4 millones).

A pesar de que se aprobaron modificaciones presupuestarias por 419 millones de euros, la Cámara de Cuentas estima que el gasto realizado en 2016 sin cobertura adecuada alcanzó, al menos, la cifra de 34 millones de euros.

En el informe se califica de "delicada" la situación patrimonial de la Comunidad, con unos "elevados" valores negativos del remanente que indican que Aragón "sufrirá tensiones financieras a corto plazo" y que será necesario "adoptar medidas para corregir este desequilibrio".

Así, la Cámara de Cuentas estima que las perspectivas futuras de la Comunidad pasan por "seguir aumentando sus niveles de endeudamiento" (que se situaba a 31 de diciembre de 2016 en 8.125 millones) y su capacidad para acceder a la deuda, que será necesaria para poder financiar el gasto corriente que genera su actividad "mientras no consiga aumentar sus ingresos o reducir sus gastos en, al menos, 464 millones".

A pesar de que en 2016 se regularizaron 220 millones por obligaciones de pagos de ejercicios anteriores, el saldo de la cuenta 409 (acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto) a 31 de diciembre ascendía a 77 millones de euros (54 en el Salud, 22 en la administración general y uno en el IASS).

En el apartado específico de la gestión presupuestaria del Salud se señala que las "insuficiencias presupuestarias" que arrastra en los últimos años han "desvirtuado" esta gestión, y la Cámara de Cuentas considera "urgente" que se desarrolle la clasificación funcional "que ordene e informe con mayor detalle los gastos".

En cuanto a la contratación, la Cámara de Cuentas ha detectado 224 millones en "gastos irregulares", es decir, comprometidos sin tramitar expedientes de contratación ni formalizar los preceptivos contratos, seis de ellos por los servicios de rutas escolares y seis en el IASS por la gestión integral del centro de menores de Juslibol.

Pero también 212 millones en el Salud, de los que 196 millones corresponden a suministros de farmacia hospitalaria, que se adjudicaron directamente y sin contrato, y 17 a implantes (el 46 % del gasto total en este apartado).

Ante estas evidencias, la Cámara de Cuentas recomienda que los centros sanitarios tramiten los expedientes de contratación y acomoden sus compras a las previsiones formales, así como que se potencie el sistema de compra centralizada del Salud en todas las áreas, incluida la de fármacos e implantes, para poder beneficiarse de las economías de escala que se obtienen en los hospitales más grandes.

Además, se han detectado gastos de personal de los ejercicios 2015 y 2016 devengados en el año posterior y pagos por complementos retributivos que no están amparados en normas de rango legal, sino en "simples acuerdos de mesas sectoriales o convenios", como 13 millones por el anticipo de la carrera profesional, 7 como complemento transitorio al personal de Justicia, 39 por el complemento específico del personal docente, o 49 de la carrera profesional del personal del Salud.

La Cámara de Cuentas, en cuanto al personal, recomienda aprobar una nueva ley de la Función Pública que desarrolle el estatuto básico del empleado público, con la estructura retributiva, la carrera profesional y permisos y licencias.

También publicar en la ley de presupuestos todos los complementos y cuantías de la paga extra, ya que la cuenta general de 2016 no recoge mención ni cuantificación de los compromisos correspondientes al 50 % de la paga extraordinaria de 2012 suprimida, y que la Cámara de Cuentas estima en 41 millones.

Así como convocar la provisión de todos los puestos de trabajo vacantes con procedimientos basados en la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad, en los que se incluyan todas las plazas ocupadas por interinos.