El juzgado zaragozano especializado en condiciones generales de la hipoteca -en realidad son dos, el Primera Instancia 12 y el 12 bis, creado ad hoc- no sale de una turbulencia para meterse en otra. Cuando por primera vez comenzaba a menguar la montaña de asuntos que había ido acumulando, al resolver más casos de los que recibía, el nubarrón de los presupuestos prorrogados en el Gobierno de Aragón amenaza con provocar la retirada de funcionarios de refuerzo destinados allí, y con ello frenar la buena inercia de la tasa de resolución. Y eso cuando los clientes ni habían notado esta mejoría, porque los casos se siguen admitiendo a trámite a un año y medio vista.
La directora general de Justicia e Interior de la DGA en funciones, María Ángeles Júlvez, confirmaba que, a mitad de este mes de junio, se valorará, con datos actualizados, las necesidades de personal de estos juzgados, conocidos popularmente como de cláusulas suelo.
En la «reordenación» de personal pesará la falta de disponibilidad prespuestaria para extras más allá de la plantilla convencional, que provoca la prórroga presupuestaria. Pero también la carga de trabajo, indicó, porque los casos recibidos van a la baja, y gran parte de los asuntos sin resolver están pendientes de sentencia o resolución por parte de los jueces (hay cuatro) y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), no tanto de tramitación y señalamiento por parte de los funcionarios.
De hecho, expuso Júlvez, los 17 de estos que hay en Zaragoza (que destina la DGA, contrariamente a jueces y LAJ, que dependen del ministerio y el Poder Judicial) sobrepasan el módulo establecido de tres por juez. En Huesca, por ejemplo, ya han indicado que no necesitarán más refuerzos.
El actual equipo de Zaragoza ha dado salida en el primer trimestre de este año a 1.099 asuntos, casi 400 más de los 705 ingresados. Es la primera vez que esto ocurre desde mediados del 2017, cuando se crearon estos órganos para encapsular el problema de las avalanchas de demandas sobre cláusulas suelo y otros asuntos hipotecario.
La solución del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades evitó extender el colapso a toda la jurisdicción civil, a costa de crear unos órganos que nacieron colapsados. Basta comprobar cómo el de Zaragoza, en un principio solo el 12 bis, con un juez de refuerzo, resolvió 473 asuntos en su primer semestre de actividad, algo más de un 10% de los casi 4.400 que recibió. A finales del primer trimestre de este año quedaban cerca de 6.200 asuntos pendientes.
La progresiva incorporación de jueces y funcionarios, así como la especialización también del juzgado número 12, ha agilizado, pero los casos se admiten a trámite (el primer movimiento en el juzgado) con 18 meses de demora. También es cierto que luego las vistas, cuando son necesarias, se celebran rápido, según explicaba el letrado Javier de la Torre, especialista en esta materia.
En el lado positivo del ritmo de resolución, amenazado en Zaragoza por el asunto del personal, Aragón fue la segunda comunidad con mayor tasa a nivel nacional durante el primer trimestre del año, un 152%, al solucionar 1.337 casos cuando había recibido 878. Con los acumulados, sin embargo, la tasa baja al 43%, pues se han solucionado 5.099 de los 11.833 recibidos en 21 meses, el séptimo puesto estatal.
