Carmen Hernández, la principal inculpada en la estafa de los pisos playeros de Peñíscola, el más importante fraude inmobiliario cometido en Zaragoza en la última década, culpó a otro acusado que se quitó la vida hace una año y medio de quedarse con el dinero que pagaron las víctimas y exoneró a su marido, Esteban Vadillo.
La primera sesión del juicio, que se celebró ayer en la Audiencia de Zaragoza, no estuvo exenta de incidentes, ya que se retiraron las acusaciones contra cuatro personas y la responsabilidad civil de tres sociedades, entre ellas Bancaja. Esta circunstancia refleja los defectos de la instrucción del caso, que se ha prolongado nueve años.
FRAUDE La estafa se desarrolló entre 1992 y 1995 y afectó a más de 300 personas de Zaragoza y de provincias limítrofes. Hernández, en nombre de la empresa Svesi, vendía apartamentos procedentes de embargo en Peñíscola a clientes que depositaban señales de 1,5 a 3 millones de pesetas. Todos ellos se quedaron sin dinero y sin piso.
Los apartamentos se encontraban en urbanizaciones conocidas de la localidad costera levantina, como Los Arcos, Promar, Surfing, Finca del Moro y Fontnova. También se vendieron algunos en Benicasin.
El ministerio fiscal solicita condenas de seis años de prisión para tres acusados, ya que un cuarto inculpado ha fallecido. Sin embargo, las acusaciones particulares también implicaban a otras seis personas, cuatro de las cuales fueron exculpadas ayer mientras mantenían las imputaciones a cinco personas y la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa y de otra empresa inmobiliaria del mismo grupo.
Carmen Hernández explicó ante el tribunal que todas las operaciones inmobiliarias las realizó a través del fallecido, Rafael González, que tenía una sociedad inmobiliaria en Peñíscola y que era quien proporcionaba los supuestos apartamentos, cuya propietaria era la entidad de crédito catalana.
Según su versión, González tenía llaves de todos los apartamentos y era quien los mostraba a los clientes. Algunos de los pisos del edificio Promar llegaron a estar ocupados dos años por los compradores sin que se llegara a firmar la escritura de venta. Carmen Hernández afirmó que tenía plena confianza en el anterior, por lo que se creía todo lo que le decía.
La acusada exculpó a su marido, administrador único de Svesi. Confesó que, aunque decía representar a esta sociedad, nunca tuvo poderes para hacerlo. Vadillo, suboficial de la Guardia Civil en la reserva, estuvo esos años destinado fuera de Zaragoza y no se enteró de cómo trabajaba ella hasta que se descubrió el fraude.
Vadillo, por su parte, corroboró esta versión y aseguró que, como administrador de Svesi, firmaba todos los documentos sin leerlos. Nunca realizó una junta ni conoció la marcha económica de la misma.
